La historia republicana del Perú del siglo XX está plagada de golpes de Estados. Uno tras otro, hubo una época en la que en el país parecían lo más común del mundo.
Sin embargo, como todo en esta vida, hubo uno de estos movimientos que lo cambió todo por ser considerado el primer golpe de Estado institucional liderado por las Fuerzas Armadas.
Este se dio en 1962 y este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia del país, resultando en la destitución del presidente Manuel Prado Ugarteche debido a acusaciones de irregularidades electorales.
¿Cómo se llegó a esa situación?
El 10 de junio de 1962, Perú celebró elecciones generales bajo la administración de Manuel Prado Ugarteche. Los principales contendientes eran César Pando Egúsquiza del Frente de Liberación Nacional, Luciano Castillo Colonna del Partido Socialista, Alberto Ruiz Eldredge del Movimiento Social Progresista, Héctor Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana, el exmandatario Manuel A. Odría de la Unión Nacional Odriísta (UNO), Fernando Belaúnde de Acción Popular (AP) y Víctor Raúl Haya de la Torre del Partido Aprista Peruano.
Durante el proceso electoral y el recuento de votos, surgieron múltiples denuncias de irregularidades. La prensa y las Fuerzas Armadas señalaron que el gobierno de Prado favorecía al Partido Aprista, considerado el partido oficialista. Además, se sospechaba de retrasos en la entrega de resultados oficiales, adulteración de cifras y votos duplicados.
El escrutinio final dio la victoria a Haya de la Torre, seguido por Belaúnde y Odría. Sin embargo, ninguno alcanzó el tercio electoral necesario, por lo que el Congreso Nacional debía elegir al nuevo presidente entre los tres candidatos más votados. Haya de la Torre buscó apoyo de Belaúnde, quien prefirió esperar la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante las denuncias de fraude.
Las Fuerzas Armadas, opuestas a un gobierno aprista, amenazaron con levantarse si Haya de la Torre era elegido. Ante esta presión, Haya pactó con Odría, quien asumiría la presidencia, mientras Manuel Seoane Corrales, del APRA, sería la primera vicepresidencia.
La hora del golpe
Las Fuerzas Armadas exigieron la anulación del proceso electoral debido a las presuntas irregularidades y el temor a un gobierno aprista. El 17 de julio, el JNE rechazó la anulación, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a dar el golpe de Estado el 18 de julio, marcando el primer golpe institucional en la historia del país.
A las 3:20 a. m. del 18 de julio, una división blindada comandada por el coronel Gonzalo Briceño Zevallos asaltó el Palacio de Gobierno, deteniendo al presidente Prado y a sus acompañantes. A pesar de las manifestaciones de protesta, principalmente de simpatizantes apristas, el golpe se consolidó rápidamente.
Ese mismo día se formó una Junta Militar de Gobierno que anuló las elecciones y convocó a nuevas para 1963. Prado fue llevado al arsenal naval del Callao y embarcado en el BAP Callao, donde permaneció hasta el fin de su mandato el 28 de julio. El 1 de agosto abandonó voluntariamente el país y se estableció en París.
La Junta Militar estuvo compuesta por el General de Ejército Ricardo Pérez Godoy, quien asumió la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y tres ministros: el General de Ejército Nicolás Lindley como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra, el General del Aire Pedro Vargas Prada como Ministro de Aviación, y el Almirante Juan Francisco Torres Matos como Ministro de Marina.
A comenzar de nuevo
El nuevo gobierno se comprometió a organizar elecciones transparentes en 1963. Para garantizar un proceso justo, la Junta depuró y modernizó el Registro Electoral y promulgó el Decreto Ley N.º 14207, introduciendo la cédula única y la cifra repartidora por primera vez.
Asimismo, se constituyó un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, en un esfuerzo por restaurar la confianza en el sistema electoral peruano.
Como se pudo observar, el golpe de Estado de 1962 no solo alteró la estructura política de Perú, sino que también reflejó las tensiones y divisiones en la sociedad peruana de la época.
Las Fuerzas Armadas intervinieron para evitar lo que percibían como una amenaza al orden y la estabilidad, pero su acción también evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas peruanas. A pesar de las controversias, este evento pavimentó el camino para una revisión y modernización del sistema electoral peruano.
