(Juan Diego López/)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió suspender la Resolución 144 de 2024 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que destinaba una suma de $231.000 millones al municipio de Uribia, ubicado en La Guajira, por medio de un Fondo de Interés Colectivo (FIC), debido a una serie de argumentos sobre la posible ilegalidad de estos fondos.
La resolución, que fue expedida a finales de la administración del exdirector de la Ungrd Olmedo López, fue una medida esperada por la comunidad local para atender la calamidad pública; sin embargo, el tribunal emitió una orden para suspender los efectos de la resolución, atendiendo a una solicitud presentada por el actual director de la entidad, Carlos Carrillo.
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La medida cautelar se aprobó debido a los argumentos presentados por la entidad, los cuales resaltaron diversas irregularidades en la resolución en disputa. Entre las razones para la nulidad se incluyen la transgresión de normativas específicas sobre fondos de inversión colectiva y las discrepancias entre la Declaratoria de Calamidad Pública y el Plan de Acción Específico, que no preveía la inversión en infraestructura por parte de la Ungrd.
La solicitud en cuestión tiene sus orígenes en una acción judicial iniciada por el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago. En esa ocasión, el mandatario local presentó una tutela con el objetivo de exigir, a través del sistema judicial, la liberación de los fondos asignados el 26 de febrero de 2024 por Olmedo López y Sneyder Pinilla, que estaban al frente de la Ungrd en ese momento.
En la tutela, que consta de 297 páginas, el alcalde del municipio explicó que el monto se asignaría a tres grandes proyectos destinados a salvaguardar los derechos al agua y a la alimentación en Uribia, un municipio de 8.200 km² y una población aproximada de 195.532 habitantes. El alcalde solicitó a la Ungrd que liberara el dinero necesario para estos fines.
Es importante recordar que el alcalde de Uribia fue suspendido por un mes debido a su falta de acción en estos asuntos y fue señalado como una de las figuras implicadas en el esquema de corrupción en la Ungrd. La congresista Katherine Juvinao afirmó que el 80% de los contratos con sobrecostos correspondían a este municipio.
Como respuesta a la acción legal presentada por el alcalde de Uribia para exigir el desembolso de los recursos acordados con la Ungrd, Carlos Carrillo emitió una declaración: “El Fondo de Inversión Colectiva es una especie de cheque en blanco, entregado de manera irregular en los últimos días de la administración de Olmedo López. Es un acto administrativo que no cumple con los requisitos necesarios, especialmente tratándose de una suma tan grande”.
“Creemos que esto es un abuso del mecanismo de la acción de tutela por parte del alcalde de Uribia. La acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de los individuos, y este no es el caso”, agregó Carrillo al respecto.
En cuanto al desembolso de los recursos aprobado el 26 de febrero de 2024, el director de la Ungrd señaló que no entregaría el dinero; en consecuencia, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad de la resolución, bajo el argumento de que la posible existencia de un flujo de dinero ilegal.
Por lo que el alto tribual resolvió que: “La medida cautelar de urgencia consistente en suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la Resolución núm. 144 del 26 de febrero de 2024, los Certificados de Depósito Presupuestal (CDP 24-0186 y CDP 24-0187), así como los demás actos administrativos de trámite incluyendo los RC derivados de la Resolución núm. 144 de 2024″.
