El presidente Gustavo Petro respondió a través de la red social X al video de la representante Karen Manrique, con respecto a la filtración del testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por parte de Noticias Caracol.
El primer mandatario afirmó que la difusión de dicho video busca criminalizar la labor de los congresistas en la defensa de los intereses de sus regiones ante el Gobierno, y que Manrique, la representante por Arauca, ha sido acusada sin pruebas de mediar contratos a favor del ELN.
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El primer mandatario reafirmó que la difusión de esa declaración judicial busca aislar al Gobierno del Congreso, con el fin último de evitar la aprobación de reformas sociales en beneficio del pueblo y así facilitar, según él, un posible golpe de Estado blando: “Todos los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad”.
Asimismo, Petro recalcó que la primera cuestión a establecer es si se está criminalizando la labor parlamentaria de representar sus regiones y exponer sus problemáticas. “Una cosa es ello y otra muy distinta es que los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones malversen recursos públicos”, señaló Petro, añadiendo que, de su visión del informe de Caracol Televisión, no se evidenciaba malversación alguna por parte de los congresistas.
El presidente también comentó sobre las investigaciones en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asegurando que el dinero destinado a mitigar la peor sequía del país fue en gran medida malversado por la dirección de la entidad. “Como jefe de Olmedo, jamás le di tal orden; traicionó mi confianza y la del pueblo de Colombia”, enfatizó Petro. En ese orden de ideas, pidió la devolución total de los recursos malversados.
En cuanto a la actuación del Ministerio de Hacienda, Petro defendió que las acciones tomadas por el ministro y su relación con la comisión parlamentaria de crédito público fueron necesarias para evitar el colapso económico y ninguna demostró una actitud irresponsable.
“Ni el giro del ministerio de hacienda a la Ungrd en los días previos al desastre climático, ni la relación del ministro de Hacienda con la comisión parlamentaria de crédito público que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, muestra una actitud irresponsable”, mencionó el presidente.
La representante Karen Manrique, conocida por su trabajo en la defensa de las víctimas en Arauca, ha sido señalada, según ella, sin evidencia de intentar intermediar contratos a favor del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según lo comunicado por Petro. Añadió que quienes filtraron la información judicial actuaron con la intención de bloquear una colaboración efectiva entre el Gobierno y el congreso en la aprobación de reformas cruciales.
Petro sostuvo que la justicia tiene el espacio para llevar a cabo su investigación con calma, pero insistió en la importancia de clarificar si el accionar de los congresistas ante el gobierno puede ser considerado una actividad delictiva o no. “La justicia con tranquilidad puede hacer su investigación. Pero lo primero que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas”, afirmó el mandatario.
El presidente Petro indicó que más allá de la traición personal, esta situación afectó gravemente a Colombia y sus ciudadanos, especialmente a los que lucharon por la justicia en el país. Para cerrar, el mandatario pidió justicia y responsabilidad, destacando la importancia de aclarar estos hechos para asegurar el correcto proceder de los representantes y entidades del gobierno.
Olmedo López señaló presiones de congresistas para contratos
Olmedo López realizó declaraciones contundentes ante la Corte Suprema de Justicia, acusando a ciertos congresistas de presionar para obtener contratos millonarios destinados a beneficiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). López involucró específicamente a la representante a la Cámara, Karen Manrique, señalándola como una de las personas que ejercieron estas presiones.
López afirmó que los contratos en cuestión estaban diseñados para consolidar las negociaciones de paz y evitar el retorno de actividades violentas como los secuestros por parte del ELN. “Algunos contratos tenían como objetivo mantener las negociaciones pacíficas con el ELN y evitar que retomaran acciones violentas”, aseveró López.
En su intervención, López puntualizó que la representante Manrique presionaba específicamente para la obtención de contratos que, según él, beneficiaban indirectamente al ELN. La acusación generó una reacción inmediata por parte de Manrique, quien negó rotundamente cualquier implicación en actividades destinadas a beneficiar a grupos al margen de la ley.
Estas declaraciones se dieron en medio de una audiencia ante la Corte Suprema, donde López argumentó que algunos congresistas anteponían intereses privados y de terceros por encima del bien común. Según el exdirectivo, las presiones para adjudicar contratos no solo comprometían la transparencia, sino que también tenían repercusiones directas en el proceso de paz con el ELN.
El exdirector de la Ungrd dejó claro que su cometido era alertar sobre prácticas irregulares dentro del Congreso. En sus palabras, los contratos otorgados no necesariamente se alineaban con los objetivos de estabilidad y desarrollo de las regiones afectadas por el conflicto. “Estos contratos no cumplían con los principios de transparencia y eficiencia que la gestión pública demanda”, destacó.
