El 40% de las entidades locales todavía no ha remitido al Tribunal de Cuentas la documentación relativa a los contratos públicos que realizaron en 2022, según detalla el fiscalizador en un informe en el que ha alertado del “bajo” nivel de cumplimiento por parte de estas administraciones de sus obligaciones de rendición de cuentas en los plazos establecidos. En concreto, sólo el 12% de las mismas cumplieron con “todas” estas obligaciones en ese periodo en el ejercicio de 2022, al que se refiere el informe.
Según este documento, actualmente el sector público local de nuestro país está integrado por 12.930 entidades y todas ellas están “obligadas” a rendir cuentas y a remitir la información sobre contratos, convenios y control interno.
Sin embargo, según la fiscalización correspondiente a 2022, solo el 42% de las entidades locales de España, excluyendo las del País Vasco y Navarra, rindieron sus cuentas en los plazos legales establecidos.
UNO DE CADA CINCO AÚN NO HA INFORMADO DE 2022
De hecho, a 30 de junio de 2024, el 21% de las administraciones todavía no había rendido la cuenta general de 2022. En esta situación están los ayuntamientos de Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Marbella (Málaga), con población superior a 100.000 habitantes, el Cabildo insular de Fuerteventura y las Diputaciones provinciales de Cuenca, Cádiz, Málaga y Almería.
Asimismo, el informe resalta que, también a 30 de junio de 2024, el 40% de las entidades locales incumplen con las obligaciones de remisión de la contratación pública y el 55% no lo ha hecho respecto de los convenios.
En lo que se refiere a la obligación de los órganos de intervención locales de remitir la información en materia de control interno correspondiente al ejercicio 2022, el 46 % de las mismas, excluidas las menores, no había cumplido con esta obligación a principios de este mes.
LO RELACIONAN CON LAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS
El informe refleja que los incumplimientos no se limitan exclusivamente a los diferentes plazos de rendición y remisión previstos en la normativa, sino que constata que, además, las entidades no cumplen con estas obligaciones.
Desde el Tribunal de Cuentas consideran que el nivel de cumplimiento está “directamente relacionado” con la normativa de las diferentes comunidades autónomas ya que, según señalan, en aquellas cuya normativa vincula la percepción de ayudas y subvenciones a estar al corriente de algunas de estas obligaciones, presentan “mayores” niveles de rendición y remisión de la información.
Por último, el informe también recoge la evolución de las principales magnitudes económicas, financieras y presupuestarias del sector local en el ejercicio 2022, donde, aseguran, que el gasto aumentó un 9% y los ingresos un 7% respecto al ejercicio anterior, es decir 2021. Unos resultados que califican como “positivos” desde el órgano fiscalizador.
