El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha manifestado este miércoles que las nuevas sentencias que habrá de dictar la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con relación al “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias tendrán que atenerse al “límite” marcado por el Tribunal Constitucional, al haber anulado el mismo la resolución inicial del caso y ordenado la emisión de un nuevo fallo.
En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Chaves ha vuelto a analizar el asunto después de que durante este mes, el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, haya admitido parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, entre ellos él mismo, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.
Dado el caso, el TC ha anulado la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialistas de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
En ese sentido, el Constitucional ordena a la Sección Primera de la Audiencia que retrotraiga el procedimiento judicial al momento previo a dictar sentencia y emita un nuevo fallo teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.
LA SENTENCIA DEL TC
A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían “incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de ‘resolución’ y ‘asunto administrativo’ que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”.
Y es que según el TC, “no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo”.
En este marco, Chaves ha insistido en que con la sentencia del TC ha quedado de relieve que “no hubo ninguna trama política ni confabulación política para delinquir ni para hacer que otros delinquiesen”.
A su entender, la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial del caso desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, “no se dirigió a seguir la pista del dinero que se pudo perder, sino que trató de buscar la cúspide del PSOE, la cúpula de la Junta, intentando llegar a los presidentes para tratar de implicarlos en una trama que no existió”. Merced a ello, según ha reflexionado, el PP, acusación popular en la investigación judicial, “montó toda una cacería política” armada con “ropaje judicial” contra “los dirigentes del PSOE y el propio PSOE, para que el partido perdiese su credibilidad ante el electorado”.
EL DINERO DE LOS ERE
Chaves ha reiterado que más allá del mecanismo de financiación de los ERE “posiblemente hubo algún fraude”, señalando las piezas separadas de esta macrocausa que abordan situaciones como las prejubilaciones de personas ajenas a las empresas en cuyos ERE fueron incluidas, los llamados “intrusos”; o subvenciones arbitrarias y sin publicidad ni procedimiento a determinadas empresas; pero de nuevo ha defendido que “el 90 por ciento” de los 680 millones de euros abarcado por el citado procedimiento de financiación fue destinado a “pagar indemnizaciones a trabajadores” despedidos o prejubilados. Así, ha criticado de nuevo la “leyenda del PP” respecto a un fraude de “700 millones”.
De cara a las nuevas sentencias que ha de emitir la Audiencia de Sevilla con relación al asunto, Chaves espera un resultado “positivo”, exponiendo que mientras en su caso, por ejemplo, el tribunal se limitaría a abordar varias modificaciones presupuestarias “no incorporadas a los presupuestos”, en cualquier caso la Sección Primera de la Audiencia “tiene un límite al que se debe atener”, que es el marcado por el TC a la hora de estimar parcialmente su recurso de amparo.
Además, ha considerado que no tendrá “ningún recorrido” la solicitud de Manos Limpias a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, para que antes de emitir las nueva sentencias plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una “cuestión prejudicial interpretativa” sobre si la sentencia del Constitucional es “compatible” con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que declara que los estados miembro “combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión”. Al respecto, Chaves ha avisado de que se trata de “una organización ultra que busca desestabilizar la política”.
Manuel Chaves ha repetido también que a su entender, la instrucción de la investigación que el juez de Madrid Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez –la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, le “recuerda al proceso de instrucción” de los ERE; avisando de que “el PP se ha subido al carro de una iniciativa de un pseudo sindicato ultra que busca la caída del presidente”.
LA CANDIDATURA DEL PSOE ANDALUZ
De otro lado, ha manifestado su apoyo al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, como “mejor activo” del PSOE andaluz “en estos momentos”, exponiendo que “se presume” que será el candidato a la Presidencia de la Junta en 2026 pero recordando que se trata de aspectos que “decidirá el partido” a la hora de conformar la candidatura. Precisamente por eso, ha opinado que “no es el momento de hablar” del papel que pudiese tener en dicha candidatura la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, a quien ha definido como “una pieza imprescindible y muy necesaria” en el Gobierno central.
También ha asegurado que entiende la Ley de Amnistía a responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017, como “aportación muy importante a la convivencia entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles”; manifestado con relación a la financiación singular que reclama el actual Gobierno catalán en funciones que “si se trata de trasladar” a dicha región el modelo del País Vasco o Navarra, “no sería bueno para España”, lo que le ha llevado a precisar que el Ejecutivo central busca “un modelo basado en el consenso entre todas las comunidades autónomas”.
