El nuevo presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides, ha sido nuevamente implicado en favorecer a mineros ilegales e informales, según revelan conversaciones en un grupo de WhatsApp difundidas por Wayka.
De acuerdo con la investigación del periodista Jair Sarmiento, Salhuana es miembro de un grupo de WhatsApp en el que se promovía la derogación de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrentar la tenencia ilegal de explosivos por parte de mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)
Además, esta derogación —aprobada por el Congreso mediante la promulgación de la Ley N.° 31989 el 13 de marzo— eliminó la fecha límite para la formalización de los mineros, 20 de marzo de 2024, generando impunidad y la continuidad de actividades ilegales bajo la apariencia de informalidad.
Entre los congresistas que votaron a favor estaba Salhuana, único representante de Madre e Dios miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), conocido por presentar proyectos de ley que obstaculizan la lucha contra la actividad ilícita, fomentan la deforestación y afectan a las comunidades indígenas.
¿Qué dicen los chats y quiénes lo integran?
En octubre de 2023, Wayka accedió a un chat titulado “MAPE”, vinculado con el Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala (IPF MAPE).
En este grupo, Salhuana compartió un reportaje crítico de Hildebrandt en sus trece sobre la presencia de mineros ilegales en La Pampa, Madre de Dios, y exhortó a los miembros a contrarrestar la información en los medios de comunicación.
Entre las respuestas al llamado del presidente del Congreso, José Farfán Estrada, abogado de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), respondió al mensaje llamando “pseudoambientalistas” a quienes cuestionan la minería informal e ilegal.
Otros personajes relevantes en el chat incluyen a Marita Chappuis, consultora y exdirectora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Tinoco Moleros, un minero con inscripción suspendida en el Reinfo, y Magno Ismael Palomino Garamendi, un comerciante con una denuncia por tenencia ilegal de armas.
Además, el asesor de gremios mineros Adolfo Valverde Calipuy, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada a la minería ilegal y al sicariato en Otuzco, La Libertad, también integra chat, evidenciando la red de influencias que rodearían a Salhuana.
Otros antecedentes graves
Entre 2013 y 2014, y nuevamente entre 2017 y 2021, Salhuana actuó como asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), quienes se han opuesto en varias oportunidades a incluir la minería y tala ilegal como delitos de crimen organizado.
Asimismo, fue gerente general del Gobierno Regional Madre de Dios entre 2015 y 2016, bajo la administración de Luis Otsuka, exgobernador y exdirigente de Fedemin, actualmente investigado por delitos ambientales y lavado de activos.
Adicionalmente, un reportaje del dominical Punto Final —difundido en marzo de este año— reveló que Salhuana y una de sus asesoras fueron abogados de Saxi Arapa, un minero informal que supuestamente se benefició con la derogación del Decreto Legislativo 1607.
