La Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente una actualización sobre el estado del proceso judicial que involucra a la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia.
Este requerimiento, según la Revista Semana, se realizó a través de un memorial dirigido al despacho del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, que actualmente está encargado del caso en la Corte Suprema de Justicia. La solicitud, firmada por Janneth Patricia Velásquez Cuervo, procuradora 24 Judicial II de Bogotá, busca obtener detalles precisos sobre el avance del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que en agosto de 2021 condenó a Barrera a cinco años y dos meses de prisión.
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El 21 de noviembre de 2019, en medio del Paro Nacional, Epa Colombia fue capturada en video mientras vandalizaba la estación de TransMilenio de Molinos en Bogotá. En la grabación, se observa a la influenciadora destruyendo la caja registradora, las taquillas y las puertas de vidrio de la estación. Durante el acto vandálico, Barrera justificaba su comportamiento en un video, argumentando que su destrucción era una forma de manifestarse en contra del Gobierno, a diferencia de otros actos de saqueo que ella consideraba más personales.
Las imágenes del ataque generaron una ola de indignación pública, y la empresaria fue rápidamente identificada como una figura central en los disturbios. El Tribunal Superior de Bogotá la sentenció por perturbación en el servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño a bien ajeno.
El fallo estableció que, dada la gravedad de sus acciones y el impacto en la comunidad, Barrera debía cumplir su condena en un centro penitenciario. La decisión fue acompañada por una orden de captura, que no se ejecutó de inmediato debido a que el fallo aún no había sido ejecutoriado.
Desde la sentencia de primera instancia, la defensa de Epa Colombia presentó un recurso de casación, que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. El caso fue repartido a la Corte el 9 de noviembre de 2021, y el 13 de enero de 2022 se produjo un cambio en el magistrado ponente. Sin embargo, el expediente no ha presentado nuevas actualizaciones significativas desde entonces. La Procuraduría General ha solicitado información sobre los avances en el proceso para aclarar el estatus actual del recurso y asegurar que el caso sea tratado con la debida diligencia.
Epa Colombia, por su parte, ha tratado de enmendar su situación. La influenciadora ofreció disculpas públicas por sus acciones y pagó la multa de 400 millones de pesos impuesta por la justicia. A pesar de esto, su proceso ha sido objeto de intenso escrutinio y debate.
La sentencia de Epa Colombia ha generado controversia, especialmente en comparación con otros casos de corrupción y delitos de gran envergadura en Colombia. Analistas y expertos han cuestionado si la condena impuesta a la influenciadora es proporcional en comparación con fallos emitidos en casos de corrupción como el carrusel de la contratación en Bogotá, los escándalos de Odebrecht y Reficar.
La magnitud de la condena ha sido vista por algunos como una forma de enviar un mensaje contundente sobre el vandalismo y la incitación a la violencia; mientras que otros argumentan que se trata de un ejemplo desproporcionado en relación con la gravedad de los daños causados.
La solicitud de la Procuraduría General para obtener información actualizada sobre el proceso de Epa Colombia refleja la importancia del caso y el interés en asegurar que se haga justicia de manera adecuada y transparente. A medida que el proceso continúa en la Corte Suprema, la sociedad colombiana observa con atención, esperando una resolución que refleje tanto la gravedad de los actos cometidos como el compromiso con el estado de derecho.
