El ministro de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek hizo un llamado para que los juzgadores se ausenten del debate político respecto a la reforma al Poder Judicial, que cerca a que concluyan los foros se han intensificado las protestas y posicionamientos en contra de que se apruebe el proyecto.
Aunque, no por pedir un distanciamiento de la politización sobre la reforma, pidió que participen en los debates técnicos, ya que de aprobarse, va a trascender en la manera de impartir justicia, pues no sólo implica la elección directa de los jueces, sino también la constitución de un nuevo órgano encargado de evaluar las sentencias de los jueces.
Por tanto pidió que se permita a los juzgadores expresar sus objeciones, cuestionamientos y dudas respecto a la reforma judicial que podrían impactar en la organización del Poder Judicial. Negó que estas opiniones signifique que se adelanten criterios y queden impedidos para resolver un eventual caso sobre el tema.
“¿Cómo es posible que yo no pueda opinar? Por ejemplo, respecto de la elección de ministros, ministras, jueces, magistradas, magistrados, o sea, una reforma de esa trascendencia y que no pueda decir nada (…) qué podemos decir: ‘no es conveniente, no es buena reforma, la elección no es la solución al problema’”, dijo Laynez.
Por último, coincidió en que es necesaria una reforma al Poder Judicial, sin embargo, señaló que es necesario que se realice un ejercicio de autocrítica para determinar qué se puede cambiar para mejorar al organismo.
Durante los foros de parlamento abierto organizados en diferentes estados de la República han participado especialistas, jueces, ministros y magistrados donde comparten diferentes puntos de vista respecto a la reforma.
Hasta el momento, falta por que se aclaren aspectos básicos para conocer las condiciones de los jueces que puedan participar como candidatos, cómo se realizará la elección, el costo, formas para evitar el financiamiento ilícito por los intereses de terceros que podrían poner en ventaja sobre de otros candidatos y delimitar los periodos en que se pueden relegir.
Por parte de quienes se oponen a la reforma, en su mayoría, coinciden en que se verá vulnerada la independencia e imparcialidad de los juzgadores, pues suponen que al tratarse de elecciones directas populares podría orillar a que se dicten sentencia que les sumen simpatías entre el electorado, aunque señalan que las determinaciones deben de ser resueltas conforme a la Constitución.
