(Carabineros de Chile/)
Luego de meses de intensas pesquisas, la justicia chilena logró la detención de tres sospechosos del cruel asesinato de tres carabineros, quienes fueron acribillados con sus propias armas a fines de abril pasado en la comuna de Cañete (635 kms al sur de Santiago), y cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en el pickup de la camioneta en que se trasladaban.
Se trata de Felipe (29) y Yeferson (19) Antihuen Santi, quienes ya se encuentran en prisión preventiva junto a Nicolás Rivas Paillao (19). Los dos hermanos serían responsables directos del crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, mientras que Rivas Paillao habría actuado como encubridor.
La policía ya difundió la foto de Tomás Antihuén Santi, hermano de Felipe y Yeferson, quien se encuentra prófugo y es intensamente buscado. Todos estarían asociados al grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RMP).
Sin embargo, el fiscal de la causa, Roberto Garrido, aseguró este domingo en conversación con La Tercera que los grupos radicales que operan en la llamada Macrozona Sur “pasaron de reivindicar derechos ancestrales al control territorial, como lo que hacen bandas como el Tren de Aragua”.
El persecutor afirmó que “en la Provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía no existen grupos que tengan posturas políticas, no hay violencia política. El fenómeno que hoy día impera en estas zonas es de criminalidad organizada”.
“Si nos retrotraemos a principios del 2000, uno podría encontrar en las acciones violentas una forma de manifestación para la reivindicación de ciertos derechos. Pero eso se fue modificando en el tiempo. Ahora, los discursos de los grupos que pretenden vincularse con reclamaciones del pueblo mapuche son inexistentes”, sostuvo.
Según acusó Garrido, estos grupos “utilizan la denominación de la reivindicación política para enmascarar sus verdaderas intenciones”, lo que tiene una doble finalidad: “si es que son detenidos o son imputados por ciertos delitos pueden invocar un supuesto carácter de preso político, porque tengo un apellido mapuche o porque vivo en una comunidad mapuche. Pero estas no son personas que sean perseguidas por su ideología”, explicó.
Tocante a la dinámica del triple crimen, el persecutor aseguró que existen más implicados en el crimen que aún están libres.
“El objetivo de esta investigación es determinar quiénes fueron todos los implicados en el homicidio de los funcionarios. Y si consideramos el nivel de preparación que una acción de esta clase tuvo y la forma en que lo hicieron, tiene que haber participado por lo menos el doble de personas que el número de carabineros. O sea, por lo menos seis. Además, la información balística nos da cuenta del uso de cuatro armas distintas. Y también tenemos antecedentes que demuestran la presencia de vehículos, a la misma hora en que está ocurriendo el homicidio, que realizan una actividad aparentemente de cobertura”, detalló.
Garrido sostuvo que los autores planificaron con bastante antelación el triple crimen. “No parece que haya existido una improvisación, porque los tiempos son muy breves. Si consideramos declaraciones de testigos y registros de las pocas cámaras que se logran levantar con información relevante, todo parece indicar que estaba muy bien planificado. Incluso, recogen evidencia alrededor del vehículo. Incendian la camioneta en otro punto, donde también se registraron disparos, tratando de variar el lugar de los hechos y hacer creer que todo había ocurrido en la carretera y no en el sector donde se controlaba la medida cautelar”, manifestó.
Finalmente, descartó que los acusados vayan a ser procesados bajo la Ley Antiterrorista, puesto que según su consideración “el ataque a los funcionarios de Carabineros está vinculado directamente al ejercicio de esta función, por lo que corresponde invocar la norma especial que protege la vida de los funcionarios de Carabineros en actos de servicio”, remató.
