Esta mañana, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, participó en una ceremonia en Jesús María, donde habló sobre la lucha contra la minería ilegal, actividad ilícita extendida en todo el Perú.
Sin embargo, sus declaraciones han generado preocupación, luego que el funcionario afirmara que esta economía ilegal, que afecta sobre todo a la Amazonía peruana, es un problema que recae específicamente en el Ministerio del Interior (Mininter) y en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), elogiando que están haciendo “un gran trabajo” en este ámbito.
Aunque expertos en materia ambiental sostienen que este delito, que ya ha superado al narcotráfico con pérdidas que alcanzan los US593 millones de dólares solo entre 2022 y 2023, debe ser abordada desde un enfoque intersectorial, involucrando a diferentes entidades y sectores para lograr resultados más efectivos.
Mucho declaró a Canal N que “la minería ilegal pertenece más que todo al Mininter y a las Fuerzas Armadas, que están tratando de interdictar. Creo que ellos están haciendo un gran trabajo”.
No obstante, especialistas alertan que restringir la responsabilidad a estas entidades es un error. Esto debido a que el problema de la minería ilegal es complejo, y su solución requiere la colaboración de sectores como el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo económico.
Así lo detalla César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, quien, recientemente, conversó con Infobae Perú sobre esta actividad ilícita y sus efectos inadvertidos, especialmente en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
De acuerdo a Ipenza, uno de los mayores impactos de la minería ilegal radica en la desarticulación de las estructuras comunales tradicionales, situación que se agrava por la división entre los miembros de las comunidades nativas, donde algunos apoyan la actividad mientras otros se oponen.
Esto podría resultar en la desaparición de los modelos tradicionales de vida indígena y la pérdida de conocimientos ancestrales.
Además, Ipenza destaca que la lucha contra la minería ilegal no puede recaer únicamente en la Policía o en el Ministerio Público. Pues, si bien estos realizan acciones de interdicción, no hay un compromiso real y coordinado de otras instituciones del Gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Las acciones de interdicción son necesarias, pero son insuficientes si no se complementan con un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la minería ilegal”, explica Ipenza.
En esa misma línea, Ipenza resalta la falta de un mecanismo de trazabilidad del oro; es decir, un sistema que permita seguir el camino del oro desde el momento en que se extrae hasta que se vende, lo que complica aún más la lucha contra esta actividad en el país
Además, la situación se complica aún más con las condiciones actuales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a cargo del Minem, que permitiría que un minero inscrito adquiera oro de ilegales y lo pase como suyo, mientras que la ausencia del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo) no contribuye a que se pueda cruzar información de la producción real con lo que se vende.
“El proceso de formalización a través del Reinfo ha sido una herramienta importante, pero se ha constatado que este registro es utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal y permitiéndoles operar con impunidad. Es urgente sincerar dicho registro y distinguir a los mineros formales de aquellos que utilizan el registro como un escudo de impunidad (…) sin estos recursos, cualquier medida adoptada será insuficiente y la minería ilegal continuará siendo una actividad lucrativa con bajo riesgo de sanción”, enfatiza Ipenza.
Mucho no se pronuncia sobre Salhuana y cuestionamientos
Por otro lado, en el marco de la entrevista con Canal N, el ministro se abstuvo de pronunciarse sobre la reciente elección del legislador Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) como presidente del Congreso de la República, a pesar de los cuestionamientos que rodean sus posibles vínculos con la minería informal e ilegal.
