La Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia con once millones de afiliados, se encuentra en el ojo del huracán tras un nuevo informe de la Contraloría General de la República que revela presuntos gastos indebidos durante la pandemia del covid-19.
Aunque el pasado 5 de agosto se conocieron los primeros detalles de la investigación, que incluían pagos para clases de yoga, pilates y vales de combustible, en la mañana de este domingo 11 de agosto se reveló el informe de 72 páginas con la información exacta de las irregularidades.
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El organismo de control, tras una auditoría especial de fiscalización financiera, identificó cuatro hallazgos que ponen en tela de juicio el manejo de los recursos de la salud en 2020. La Nueva EPS deberá responder por el gasto de 5.3 billones de pesos en rubros que, según la Contraloría, no tendrían relación directa con la atención médica de sus usuarios.
De hecho, el documento revelado por la revista Cambio señala que el ente de control detectó giros sin justificación por un valor de 2.1 billones de pesos, tras comparar las facturas con los pagos efectivamente realizados, en los que detecto que se giraron valores superiores a los consignados en los recibos que fueron radicados.
Además, la Contraloría identificó que se destinaron 2,7 billones de pesos para saldar deudas de años anteriores, algunas con más de 15 años de antigüedad, lo que contravendría el principio de anualidad de los recursos públicos.
De hecho, la Contraloría argumenta que el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la prima que el gobierno gira anualmente a las EPS para la prestación del servicio de salud, para pagar deudas antiguas viola el principio de anualidad de los recursos públicos. Sin embargo, expertos del sector salud rebaten este argumento, alegando que la naturaleza del aseguramiento en salud implica que se pueden generar deudas en una vigencia y pagarse en otra.
“Yo le pediría encarecidamente a la Contraloría que nos explique el concepto de anualidad, porque por las características del sector eso generaría unos graves inconvenientes. No hay norma que diga que hay que aplicarlo porque, aunque el argumento es que se trata de recursos públicos, estamos hablando también de parafiscales. Pero, además, si lo que se hizo fue pagar a clínicas y hospitales, no cabe decir que se violó la destinación específica de los recursos que precisamente se fueron para pagar a los proveedores de la salud”, comentó Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, en diálogo con Cambio.
Otro de los hallazgos cuestiona el uso de 520.000 millones de pesos provenientes de los excedentes de los presupuestos máximos, destinados a tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Y la joya de la corona la completó el pago de 40.000 millones de pesos en gastos como honorarios de junta directiva, patrocinio deportivo, compra de vehículos, gasolina, bingos, bailoterapia y biodanza, entre otros, financiados con recursos de la UPC, que deberían destinarse a la atención médica.
De hecho, el medio nacional reveló que la Nueva EPS obtuvo un crédito con Bancolombia para mantenerse con liquidez y así atender las obligaciones de corto plazo. Incluso, se pudo determinar que, durante el 2023, la EPS recibió un total de 1,4 billones de préstamos por parte de la entidad bancaria.
La irregularidad se presentó cuando la Nueva EPS amortizó el crédito con recursos proporcionados por el estado a través de la UPC, cuando el dinero fue usado para obligaciones diferentes a la prestación del servicio en salud, por lo que la promotora de salud debía cubrir la deuda con otra fuente de financiación.
Además, la EPS habría usado los recursos de la salud para comprar la camioneta que está al servicio de la presidencia de la promotora, además de pagar la póliza todo riesgo y hasta la revisión tecnicomecánica del vehículo de alta gama.
Igualmente, se usó el dinero del erario para pagar pauta publicitaria en radio y televisión, bonos de alimentación, regalos para actividades con empleados, capacitaciones de liderazgo y hasta clases de yoga, pilates y biodanza, sin mencionar que pagaron los impuestos como renta, reteICA e impuestos vehiculares con los recursos de la UPC de los afiliados.
Entretanto, la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024 debido a su delicada situación financiera, se encuentra revisando la información para determinar la legalidad de los gastos cuestionados. El interventor, Julio Alberto Rincón, aseguró que se está cooperando con la Contraloría y la Fiscalía, que investiga el ocultamiento de facturas por 5.5 billones de pesos en servicios prestados entre 2019 y 2023.
“Estamos mirando la información para analizar la situación y dispuestos a brindar todos los documentos que la Contraloría, en el marco de su indagación, requiera”, señaló el interventor a la revista Cambio.
Además, la junta directiva de la Nueva EPS, en un comunicado, aseguró no haber tenido conocimiento de las irregularidades financieras, mientras que el expresidente de la entidad, José Fernando Cardona Uribe, no se ha pronunciado al respecto.
