El paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gomes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Chocó, específicamente en los ríos San Juan, Sipí y Cajón y en la carretera Nóvita-Torrá, ya empezó a generar graves consecuencias en la población que permanece confinada. La Defensoría del Pueblo ya se había pronunciado al respecto, alertando sobre las implicaciones humanitarias del control ejercido por los actores armados en los territorios.
“Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado. Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación”, precisó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
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En efecto, según el defensor del Pueblo, Julio Balanta, las comunidades denunciaron que no pueden sacar sus embarcaciones por temor a las represalias de los guerrilleros y que tampoco han podido acceder a medicamentos y demás suministros humanitarios que han intentado ingresar a los territorios.
“Estamos haciendo un ingreso con nuestro personal en territorio desde las regionales Pacífico y Chocó para atender esta situación, pero lo que nos informan las comunidades en el territorio es que no pueden ni siquiera salir al campo para los cultivos de pancoger porque estas zonas también han sido minadas por los actores armados”, indicó el funcionario en conversación con varios medios de comunicación.
Asimismo, afirmó que no es correcto pedir a los habitantes del Chocó que denuncien este tipo de hechos, porque podría resultar revictimizante; pues, ya es de público conocimiento lo que está pasando en las zonas afectadas por el paro armado que, además, fue decretado públicamente por el ELN. “Entonces, ¿qué debemos de denunciar? Los que necesitamos es la presencia del Estado en ese río (San Juan) para que las comunidades realmente puedan desarrollar sus actividades”, aseveró el defensor.
Afirmó que las comunidades llevan más de 20 años esperando ser vistas y atendidas por la institucionalidad, teniendo en cuenta que tienen unas “medidas de condición especial”. No obstante, sostuvo que el Estado no ha llegado hasta esos lugares en donde es requerido. “Lo que reclamamos precisamente es que en lugar de pedirle a la gente y a la comunidad que denuncie, es que la fuerza pública y el Estado en su conjunto, lleguen al territorio”, reiteró.
Por su parte, la representante a la Cámara por el Chocó Astrid Sánchez exigió acciones prontas para afrontar la situación humanitaria en el departamento, puesto que la situación que está viviendo la población no es nueva. Explicó que solo en 2023 se registraron seis paros armados en Chocó y en 2024 ya se han presentado dos. Ahora, la ciudadanía no solo se enfrenta a una grave crisis de orden público, sino que también permanece completamente desconectada de los demás departamentos.
“No da espera la adopción de medidas contundentes para atender al #Chocó departamento que hoy se encuentra desconectado del desarrollo, pero sobre todo de la seguridad para sus habitantes. Tres días de paro armado por el ELN y ¿Quién responde? @MinInterior @mindefensa ¡Acciones ya!”, escribió la congresista en su cuenta de X.
De acuerdo con la Defensoría, 85 comunidades afro e indígenas, que equivalen a 45.000 personas, están confinadas por el paro armado. Además, 7.500 de los habitantes se encuentran en situaciones mucho más complejas por la agudización del conflicto armado, que involucra enfrentamientos con el Clan del Golfo, y por consecuencias del cambio climático que los impacta de manera directa.
