En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, más de 30 exministros y excodirectores del Banco de la República, junto con exdirectores del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y Colpensiones, hicieron un llamado de alerta al Gobierno nacional.
A través de una carta abierta dirigida al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los actores del sistema solicitaron la reasignación urgente de recursos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social.
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Los firmantes de la carta subrayan la gravedad de la situación, argumentando que, de no llevarse a cabo una reasignación presupuestal de $2,5 billones, el derecho a la salud de los colombianos estaría en riesgo. La petición se centra en trasladar fondos desde el rubro ‘Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud’ hacia el rubro ‘Aseguramiento, Reclamaciones y Servicios Integrales en Salud’.
Estos recursos, una vez reubicados, deberían ser transferidos a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con el objetivo de garantizar la atención sanitaria que requiere la población.
Fundamentos de la solicitud
La solicitud de reasignación presupuestal se basa en varios argumentos claves. En primer lugar, los expertos señalan que, de manera inédita, el Ministerio de Salud decidió apropiar $5,05 billones para usos distintos al aseguramiento, es decir, para áreas que, aunque importantes, no deberían ser financiadas a expensas de los recursos destinados a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.
Según los firmantes, estos recursos han sido utilizados para financiar personal e infraestructura en las regiones, lo que, aunque necesario, ha comprometido la capacidad del sistema para prestar servicios de salud de manera efectiva.
En segundo lugar, destacan que, a la fecha, se han girado $1,6 billones y se ha registrado una disminución de $900.000 millones en la apropiación de fondos para el aseguramiento, lo que deja $2,5 billones disponibles. Esta situación, registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), es un indicio de que el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el cierre del año, está en riesgo.
Aunque los expertos reconocen los esfuerzos del Gobierno por mejorar la infraestructura y la capacidad del personal de salud en los territorios, insisten en que el aseguramiento es una prioridad legal y constitucional.
“(…) La jurisprudencia constitucional ha insistido en que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derechofundamental a la salud”, señalaron, poniendo de presente varias sentencias de la Corte Constitucional, incluyendo la T-760 de 2008, en la que insiste sobre la obligación del Estado de asegurar el financiamiento adecuado del sistema de salud para garantizar su sostenibilidad y el acceso equitativo a los servicios.
Preocupación por la respuesta del Ministerio de Hacienda
La carta también expresa una profunda preocupación por la reciente respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición enviado desde el Congreso a la cartera de Salud, para conocer el estado del financiamiento del sistema. En dicha respuesta, el Ministerio afirmó que la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará, “una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos”, lo cual, según los firmantes, contraviene las órdenes de la Corte Constitucional. Esta postura, argumentan, pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud.
Ante este panorama, los expertos y exfuncionarios hicieron un llamado al Gobierno para que priorice el gasto público en salud y garantice los mínimos necesarios para la protección del derecho a la salud de todos los colombianos.
La carta concluye solicitando respetuosamente que se considere la reasignación presupuestal propuesta, destacando que esta es crucial para cubrir los compromisos mínimos y evitar una crisis en la prestación de servicios de salud en el país.
