A pesar de la clara resolución del Tribunal Constitucional (TC) en 2020, que ordenó a Petroperú iniciar un proceso de compensación para las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, la petrolera estatal no ha cumplido con la sentencia.
Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), las comunidades kukama kukamiria de Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza —gravemente afectadas por el desastre ocurrido hace más de diez años en el distrito de Uraninas, Loreto, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano— siguen esperando que la empresa actúe conforme a lo ordenado por el TC.
Sin embargo, Petroperú habría optado por desentenderse de la situación y rechazar la compensación, desestimando los daños, afirman. “La defensa de Petroperú ignora que no tiene sentido discutir ahora si hubo daño o no. Eso ya lo determinó el TC”, señala Maritza Quispe, abogada de IDL.
Los argumentos de Petroperú
El último viernes, representantes de las comunidades se presentaron en el Poder Judicial en Nauta (Loreto) para una audiencia convocada por la jueza Corely Armas Chapiama, donde se discutirían los detalles de la compensación y se escucharían los argumentos de Petroperú.
Durante la sesión, Sonia Sandoval Peralta, portavoz de Petroperú, insistió en que, según un estudio encargado por la empresa, no se justificaba una compensación económica por los daños del derrame.
Asimismo, mencionó haber notificado esta postura a Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), encargado de velar por que las empresas de energía y minería operen de manera correcta y respeten sus compromisos legales y ambientales.
Esta postura causó una profunda indignación entre los afectados, especialmente en Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), y Loydi Macedo, luchadora indígena de la comunidad San Francisco, quienes expresaron su frustración.
“Nunca se ha visto a nadie, ni aún de la empresa de Petroperú, que asuma la responsabilidad. Además, ordenada por el Constitucional, a por lo menos, siquiera condenados dialogar algo que con las comunidades nunca lo hicieron, doctora. Entonces, para nosotros, es completamente absurdo, y aquí solamente venimos a incidir y a exigir que se cumpla la sentencia, lo que ha sido emitido por el Tribunal Constitucional, señora magistrada. La comunidad está completamente afectada en todos los aspectos”, aseveró Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum).
Por su lado, Loydi Macedo, mujer indígena de la comunidad San Francisco, dijo: “Petroperú, no se les ha visto nada. Nosotros simplemente venimos a defender el derecho, el derecho es que no se han ocasionado”.
Comunidades no han recibido ningún pago, afirman
Kely Alfaro, especialista en valoración de daños, explica que, debido al derrame, cada comunidad afectada debería recibir una compensación anual específica: Cuninico S/ 2,704,761; San Francisco S/ 450,194; Nueva Santa Rosa S/ 266,766; y Nueva Esperanza S/ 426,986. Pero, hasta ahora, las comunidades no han recibido ningún pago.
En ese marco, al final de la audiencia, la jueza Armas Chapiama anunció que se revisará el caso y, si fuera necesario, se tomarán medidas para hacer cumplir la sentencia del TC.
