Compromís exige al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, que pida convocar la comisión bilateral entre el Estado y el gobierno valenciano para “abordar de forma urgente” la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, así como el ingreso mínimo vital (IMV) y el servicio de trenes de Cercanías.
Alberto Ibáñez, diputado de la coalición valencianista en el Congreso dentro del grupo Sumar, ha registrado una pregunta donde señala que “el traspaso de los servicios y funciones a las autonomías supondría una mejora en los centros penitenciarios valencianos que estarían dotados de más recursos, más personal médico y de un mejor servicio para las personas privadas de libertad, y también para el personal laboral”.
“El número de facultativos para atender a una población reclusa de más de 2.100 presos es de seis, claramente por debajo de los 22 que según la relación de puestos de trabajo deberían existir”, expone el parlamentario en un comunicado.
Ante esta situación, lamenta que “la falta de personal sanitario en cárceles saturadas vulnera el derecho de las personas privadas de libertad y precariza la situación laboral de las exiguas plantillas”. Es más, defiende que “hace 20 años se tendría que haber trasferido, según la Ley de Cohesión Sanitaria de 2003”.
Por todo ello, Ibáñez insta a Mazón “a dejar de generar polémicas estériles con otras comunidades autónomas, ejercer su liderazgo y defienda y ampliar el autogobierno”.
