La decisión unilateral del Gobierno nacional de aumentar el precio del diésel, también conocido como Acpm, en $6.000 por galón hasta diciembre de 2025 generó una gran preocupación dentro del sector logístico y de transporte de carga del país.
La medida, anunciada el martes 20 de agosto por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante sus declaraciones ante la Contraloría General de la República, busca avanzar pese a la falta de acuerdo con los gremios de transportadores.
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La medida, considerada impopular por diversas organizaciones empresariales y gremiales, comenzó a gestarse a mediados del año pasado cuando se instalaron diez mesas técnicas para revisar la fórmula del precio del combustible tras una reunión en 2022 entre el presidente Gustavo Petro y los gremios de transporte, donde inicialmente se había congelado el precio del diésel.
Sin embargo, los transportadores insisten en que este no es el momento adecuado para un incremento de tal magnitud, alegando que podría poner en peligro la reactivación económica y la competitividad del país.
“No estamos de acuerdo porque el ministro Ricardo Bonilla, a pesar de habernos escuchado en diez mesas técnicas en las que le expusimos la fórmula del precio Colombia, no reformuló, el gobierno no nos propuso ninguna fórmula”, afirmó el presidente de la Cámara Intergremial de Transporte (Unidos), Alfonso Medrano en entrevista con Noticias Caracol.
Organizaciones como la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos) argumentan que la economía colombiana sigue estancada y que una subida del precio del diésel generaría nuevas presiones inflacionarias en diferentes sectores productivos. Aluden que la confianza del consumidor y del sector industrial continúa en niveles negativos, factor que afecta directamente la demanda de transporte, haciendo más difícil la absorción de costos adicionales.
“No tenemos la reactivación económica, nuestros camiones no están rotando lo que deberían rotar para pagarle el diesel como él quiere, hay una baja en la carga en los puertos, el carbón lo suspendieron, la economía de la construcción está totalmente estancada, el comercio está estancado, todas las importaciones y exportaciones están estancadas, no tenemos sobreoferta, lo que tenemos es falta de carga por eso estamos amontonados”, agregó el líder gremial.
Así mismo, Medrano también se refirió a la violencia que viene afectando a los conductores en las carreteras del país, la cual ya le ha costado la vida a muchos transportadores.
“Llevamos 18 conductores muertos por la violencia, nos han robado las mulas, los camiones, nos han asaltado, nos han llevado la carga, nos han quemado los camiones”, enfatizó el presidente de Unidos.
Ante las declaraciones del ministro de Hacienda, el líder gremial anunció que a ellos no les quedaría más remedio que “apagar los motores”, sin referirse a que los transportadores se irían a paro.
“Si no nos suben los fletes entonces nosotros no podemos asumir esas pérdidas y ahí es donde el que realmente quiera mandar su vehículo a viaje y a pérdida pues que lo haga, y los que no podemos ganar únicamente para echarle diesel y para pagar los peajes, pues no mandamos nuestros camiones”, dijo Alfonso Medrano.
Por su parte, Intergremial Antioquia, que representa a 35 gremios del departamento, denunció la falta de diálogo y análisis apropiado por parte del Gobierno nacional, expresando que una decisión apresurada de incrementar el precio del diésel podría desencadenar una crisis en la logística nacional y empujar aún más la inflación . Según su comunicado, el ajuste debe hacerse en función del ciclo económico, evitando agravar la ya onerosa situación del transporte de carga y pasajeros.
Lo que agrava la situación es que muchos de los transportadores no se rigen por el sistema Sice-TAC, el cual establece los costos mínimos de cada viaje, sistema considerado ineficaz y excluyente para los gremios. Señalan que los parámetros utilizados por Sice-TAC no reflejan la realidad operativa y que la Superintendencia de Transporte no tiene la capacidad institucional para hacer cumplir estos precios mínimos a todos los actores de la cadena.
El gobierno evalúa cómo implementar el aumento, y una de las opciones contempladas sería adelantar tres incrementos de $2.000 con diferencias de seis meses entre cada uno. Mientras tanto, las asociaciones gremiales, como Unión de Transportadores de Carga, argumentan que asumir un aumento del 62% en el precio de su insumo principal, es decir, el combustible y los pesos, es un desafío insuperable en la actual coyuntura económica.
En medio de este contexto, los transportadores han resuelto seguir insistiendo en una convocatoria a un diálogo que permita encontrar una solución que no comprometa la reactivación económica ni la competitividad del país.
