María del Rosario Antolínez es la representante legal de la Asociación de Hogares de Bienestar El Porvenir y Otros de San Gil que denunció el millonario robo que sufrieron las madres comunitarias a manos de delincuentes cibernéticos.
La asociación que representa, trabaja en la atención de niños de hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en la capital de la Provincia de Guanentá, en Santander.
“No somos empleados directos del Bienestar, pero sí tenemos un contrato en el que mensualmente se no giraba un dinero para la atención de 19 hogares con 256 niños de sectores vulnerables de San Gil. Les dábamos desayuno, almuerzo y refrigerios”, señaló María del Rosario.
Solo que el pasado 13 de junio, cuando iban a reclamar los desembolsos de los meses de mayo y junio, se percataron que a la cuenta de ahorros del Banco Popular donde les consignaban los dineros, en dicha cuenta se desaparecieron $129 millones de pesos.
De inmediato acudieron al banco por medio de un servicio llamado la ‘línea verde’, pero no obtuvieron respuestas de lo que ocurrió.
“Nos tocó ir a la sucursal física y cancelar la cuenta. Pasamos derechos de petición y tutelas, el banco no nos responde por el dinero que desapareció a pesar de que teníamos un token y para hacer cualquier transacción se necesitaba de ese código”, manifestó la representante legal.
La entidad solo les devolvió $8 millones ya que el robo inicial era de $137 millones. Se conoció que los dineros pasaron a cuentas de Bancolombia y AV Villas que pertenecían a personas naturales y jurídicas radicadas en Valledupar y La Guajira.
“Pusimos la denuncia ante la Fiscalía y ahí avanzan las investigaciones, pero perdimos el contrato con el ICBF y no pudimos seguir prestando el servicio de madres comunitarias”, indicó.
El ICBF le canceló el contrato a la Asociación de Hogares de Bienestar El Porvenir y Otros de San Gil por el incumplimiento en el pago de proveedores y del talento humano. Desde este mes de agosto, 256 niños se quedaron sin el servicio.
“Muchas de nuestras madres comunitarias trabajaron sin recibir un peso en mayo, junio y julio. Ya en agosto los proveedores no nos siguieron suministrado hasta cancelar las deudas con ellos. El ICBF dio por terminado el contrato y esperábamos reunirnos con las directivas regionales para que entiendan la situación que estamos pasando”, pidió María del Rosario.
Por ahora, se esperan los avances en las investigaciones que adelanta la Fiscalía para dar con los responsables del millonario robo a las cuentas de una asociación de madres comunitarias de San Gil.
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