La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba la comida convocada este viernes en las fiestas de Bilbao “a favor de los presos de la organización terrorista ETA que se hallan cumpliendo condena” al entender que la misma incurre en “un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares y de enaltecimiento del terrorismo”.
En un escrito, recogido por Europa Press, DyJ pone el foco en el almuerzo convocado a partir de las 15 horas en la Txozna Kastagorria ubicada en el recinto del Arenal, y que se celebra con motivo de las fiestas de la Semana Grande de Bilbao.
Según la asociación, la finalidad de esta comida “no es otra que la de loarles, recordarles y presentarles como modelo de lucha a seguir para la consecución de unos objetivos políticos, como es el alcanzar un estado independiente, socialista y euskaldun, vanagloriándoles y glorificando su pasado terrorista”.
“No cabe sino considerarse como un acto de humillación y vejación hacia las víctimas del terrorismo, pues tienen que soportar año tras año, como se les loa y exalta a los asesinos de sus familiares, convocando este tipo de actos y demás actos de recuerdo, homenaje y reivindicación de sus derechos de manera suntuosa y ampliamente publicitadas en el tiempo, pidiendo su libertad con la exoneración de su condena, a pesar de estar cumpliendo condena por delitos muy graves, por lo que les hace recordar continuamente las vidas arrebatadas y el dolor causado”, añade.
En este sentido, el escrito incide en que la convocatoria de una comida en favor de los presos de la organización terrorista ETA, “los cuales cumplen condenas por los delitos más execrables, es claramente constitutiva de una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio a las víctimas del terrorismo, pues genera perplejidad que unas personas cuyos logros en la vida no hayan sido otros que haber matado, secuestrado o herido gravemente a personas inocentes”.
Así las cosas, DyJ pide a la Audiencia Nacional que se oficie a la Guardia Civil para que envíen informes “sobre la realidad de la convocatoria”, la identidad de los convocantes y que se proceda a llamar como investigados a los mismos por su participación en los hechos denunciados.
