El reciente acuerdo entre el PSC y ERC ha reabierto un debate candente en España: ¿se trata de un nuevo “cupo” para Cataluña o de un “concierto económico” similar al del País Vasco? Este pacto, que ha permitido avanzar en la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha suscitado controversia por las implicaciones fiscales que supone, generando preocupación tanto dentro como fuera del PSOE. El acuerdo, diseñado para responder a las demandas históricas de Cataluña sobre su financiación autonómica, ha sido descrita como un “modelo de financiación singular”.
Pese a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando que se trate de un concierto económico, las características del pacto han levantado sospechas, dado que otorgan a Cataluña una autonomía fiscal sin precedentes, desatando una potencial tormenta política en el país. En el centro del acuerdo se encuentra la creación de un modelo de financiación que se aparta del régimen común, argumentando que Cataluña sufre una “infrafinanciación sostenida” que limita el gasto en servicios públicos.
Un “nuevo modelo de financiación” y una “Hacienda catalana”
El pacto establece que la Generalitat asumirá el control total sobre la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos generados en su territorio, excluyendo solo aquellos de naturaleza local. Este cambio implica que la Agencia Tributaria de Cataluña será la encargada de todos los tributos, una medida que, según el acuerdo, busca garantizar la “suficiencia financiera y la soberanía fiscal” de la comunidad. Este nuevo enfoque, aunque no se define como un concierto económico en los términos tradicionales, otorga a Cataluña una capacidad normativa y de gestión sobre sus recursos fiscales que la acerca al modelo vasco, lo que ha sido motivo de preocupación en otras comunidades autónomas y dentro del propio PSOE.
El acuerdo también contempla la creación de una “Hacienda catalana” que será clave para el nuevo gobierno de la Generalitat. Esta Hacienda tendrá plena autonomía para gestionar todos los tributos que se generen en Cataluña, y requerirá un traspaso significativo de recursos desde el gobierno central a la administración catalana. Esta medida refuerza el autogobierno fiscal de Cataluña, un aspecto central de las demandas independentistas. En línea con el modelo del cupo vasco, el acuerdo estipula que Cataluña hará una aportación al Estado, basada en el coste de los servicios que el gobierno central presta en la comunidad. Además, el pacto incluye un componente de “solidaridad”, que asegura que Cataluña contribuya al financiamiento de las comunidades autónomas menos favorecidas, respetando así el principio de igualdad fiscal entre las regiones.
Como plazo, el documento fija el 2025 como el año límite para la aplicación de este nuevo sistema de financiación. “En caso de no adoptarse”, reza, “requerirá medidas compensatorias”, lo que puede traducirse como más recursos económicos para la Generalitat. “Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación”, señala, deberá darse un “incremento sustancial de recursos” a Cataluña. Establece también que su financiación “debe respetar el principio de ordinalidad”, de manera que “las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben”.
Controversia y agitación
Este acuerdo ha generado una fuerte reacción política, especialmente entre algunas regiones gobernadas por socialistas, que ven en esta cesión de soberanía fiscal una amenaza a la cohesión del sistema autonómico español. La posibilidad de que este modelo fiscal singular se extienda a otras comunidades autónomas podría desestabilizar el delicado equilibrio fiscal que ha regido en España desde la transición.
La incertidumbre que rodea la implementación de este nuevo sistema de financiación, previsto para 2025, ha añadido un nivel adicional de tensión. El acuerdo establece que, si no se logra adoptar el nuevo modelo para esa fecha, se implementarán “medidas compensatorias” que podrían implicar un aumento de los recursos destinados a Cataluña mientras se despliega el sistema.
