El pasado miércoles 14 de agosto, 24 años después que se presentaron las primeras denuncias en su contra por abuso sexual, el Vaticano expulsó a Luis Figari del Sodalicio de Vida Cristiana, la organización que fundó en 1971.
En la misiva de la Santa Sede, se explica que el Papa Francisco tomó esta decisión debido a que el ex ‘superior general’ del Sodalitium habría cometido actos “incompatibles y por tanto inaceptables en un miembro de una institución de la Iglesia”.
“Con la finalidad de restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido el Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo, a lo largo de muchos años, así mismo para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia”, se lee en la carta.
Este caso ha sido ampliamente invstigado por dos periositas peruanos: Paola Ugaz y Pedro Salinas. El fruto de todo este trabajo se vio reflejado en el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, publicado en el 2015- Aquí se explica cómo funciona esta organización, acusada no solo de violencia física y psicológica, sino también de estar involucrada en un entramado político y económico que le otorga un gran poder, con aval de la misma Iglesia Católica.
¿Qué sigue después de la expulsión de Figari?
En diálogo con Infobae Perú, ambos periodistas independientes mencionaron su percepción y expectativas luego de la decisión tomada por el Papa Francisco.
Para Salinas, esto ha evidenciado la “hipocrsía de los obispos de la Iglesia Católica peruana, la la arbitrariedad del poder judicial cuando la Iglesia actúa como un poder fáctico y la ausencia del Estado peruano frente a temas más tan graves como estos”.
“La expulsión de Figari forma parte de un efecto dominó que va a continuar, pero, llegado a este punto ,por la alta visibilidad que ha tenido el asunto, a través de este edicto del Papa, ves todo lo demás”, explicó.
Dice, además, que una organización como el Sodalitium Christianae Vítae solo ha podido existir, crecer y desarrollarse en un país como el Perú. Sin embargo, recordó que en otros países como Colombia y México, también se han dado casos similares. Advierte que Lazos de amor Mariano sería una secta que está copiando el metodo del sodalitium.
Por su parte, Ugaz resaltó que se debe considerar a las reparaciones simbólicas como un elemento importantes. En ese sentido, agradeció los gestos mostrados por el arzobipos de Lima, Carlos Castillo, cuando, por ejemplo, durante Semana Santa hizo una ceremonia de lavado de pies a una de las víctimas de Luis Figari, y celebró una misa especial con periodistas y comuneros de Piura.
El Papa Francisco y el cambio en la persecusión del delito
La carta que firmó el propio Papa Francisco donde se decidía el destino de Figari representa un cambio radical en la forma en que el Vaticano ha gestionado los casos de corrupción y de abuso sexual, a comparación, según los entrevistados, de los anteriores pontifices, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Salinas afirma que han sido afortunados de tener a Jorge Bergoglio al mando en este momento.
“Demuestra en los hechos que todo lo que han dicho las víctimas del caso Sodalicio es verdad. También valida el trabajo periodístico que hemos realizado junto a Pedro Salinas y Daniel Yovera, y eso también es una muy buena noticia para el periodismo que está muy golpeado en este país”, subrayó Paola Ugaz.
Ella rememora que desde el 2020, año en que el exnuncio apóstólico en el Perú, es decir, el representante diplomático del Papa, Nicola Girasoli, le dijera que le querían “hacer daño” debido a sus investigaciones intentó reunirse con el sumo pontífice; sin embargo, esto no fue posible sino hasta dos años después.
Italia cerró sus fronteras debido a la pandemia del COVID-19, dilatando el encuentro, pero finalmente, en noviembre del 2022 lo pudo tener frente a frente. En ese momento, Bergoglio le confesó que muchas persnoas le habían pedido que no se reuna con ella. Bergoglio, no hizo caso a esas voces y decidió reafirmar su respaldo a través de una frase: “Las mujeres que dicen verdades importantes son perseguidas”.
La persecusión legal a los investigadores
Desde que se publicó ‘Mitad monjes, mitad soldados’, en el 2015, las denuncias y citaciones al Poder Judicial se volvieron cada más frecuentes. Denuncian que por más de ocho años han sido acosados por parte de una organización que tiene vínculos importantes con la política nacional.
Ambos cuestionan la rapidéz con la que actuaó la justicia en las indagaciones contra ellos. Pedro Salinos fue condenado en Piura, en abril del 2019 a prisión suspendida por el delito de difamación agravada, en solo tres meses.
“El poder de esta gente es realmente descomunal y lo usan arbitrariamente y para vengarse de ti o para tratar de, en ese caso, interceptar el libro que estaba terminando. Además, el fiscal lo hizo explícito cuando entramos a mi cuarto donde estaba la computadora”, afirma.
En el caso de Salinas, Jose Antonio Eguren presentó una acción de desistimiento, es decir, que la acción penal se extingue. La defensa del periodista había anunciado que iban a apelar e incluso llegar a otras instancias, como la Corte Suprema.
“Eguren se desistió porque el arzobispo Carlos Castillo se puso fuerte, habló con Miguel Cabrejos, y con el resto de obispos. Por primera vez creo en la historia de la Iglesia Católica del Perú se rompió el espíritu de cuerpo”, sostiene.
Luego, cuenta que intervino el nuncio apostólico, quien le encominó a no usar los recursos del Arzobispado para defenderse y que mejor de un paso al costado. Mientras tanto, iban a colocar a un administrador temporal, y así se concretó su salida como Arzobispo Metropolitano de Piura.
También recuerda que el fiscal Reynaldo Abia Arrieta declaró en medios de comunicación que las diligencias en su contra no estaban relacionadas con el caso Sodalicio y que se habían originado a raíz de una de denuncia presentada supuestamente por una persona independiente.
“¿Un ciudadano independiente es Edgardo Palomino Martínez? Alguien que publicó (en un diario local) toda una saga que era parte de un libro que estaba escribiendo contra Paolo Ugaz. ¿Qué ciudadano independiente es ese?”, cuestionó.
De esta manera, fueron aumentado las demandas no solo contra ellos, sino también contra Daniel Yovera, quien participó de la elaboración del documental ‘The Sodalitium Scandal’, de la cadena Al Jazeera.
“Comenzaron a buscar Fiscalía ,tras Fiscalía y entraron en más de una. Paola ha acumulado una cantidad de procesos impresionantes, a mí me han presentado varias (…), y terminé con una que es por negociación incompatible. Ahí me están pidiendo cárcel ,entre 6 y 14 años de prisión”, dice.
Sin embargo, afirma que a pesar de que le han confiscado sus celulares, no han podido encontrar ninguna prueba. “Tienen la demanda abierta. No soy feliz con este asunto porque es verdad que hay abogados pro bono que nos han ayudado, pero en muchos casos yo he tenido que meter la mano al bolsillo y he tenido que vender los pocos activos que tenía para mantenerme en esta pelea interminable”, comenta. En estas circunstancias, dice que no se arrepiente de haber luchado legalmente, sobre todo porque ya se están viendo resultados.
En el caso de Paola Ugaz, se le acusó incluso de comercializar uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa. Los entrevistados confiesan que al no detener estas acusaciones a tiempo, al ser irrisorias, las narrativas fueron creciendo.
“Yo he tenido unas denuncias de Carlos Gomez de la Torre en Piura, en Lima. Luciano Revoredo me demandó por difamación. En la Fiscalía, Edgardo Palomino Martinez y Luciano Revoredo, presentaron muchísimas denuncias en mi contra”, sostiene la periodista.
También se llegó a decir que era jefa de una red de lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato. Se publicaron chats que habrían sido fabricados.
“(En Fiscalía) abren esa denuncia contra mí, basaba en mentiras. Y no conocía Panamá, yo no conocía a nadie de esa red. (Eran) 10 personas que no conozco, que salen con foto nombre y apellido, hablando conmigo entre comillas por chat, acusando de manejar dinero ilícito”
Menciona que esta investigación fue repartida en varias fiscalías y que se aprovechó este momento para difundir la noticia en medios de comunicación ya que si existe una investigación abierta, no se comete delito de difamación.
“Esa investigación de lavado de activos fue muy dura contra mí, porque lo hicieron llegar a la gente que trabajaba conmigo.
Narra que el abogado José Luis Hauyón insistió al equipo del fiscal Rafael Vela que no se cierre el caso. Pero que cuando ya estaba a punto de suceder, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibió una denuncia contra ella por enriquecimiento ilícito.
“En ese momento nos enteramos que esa misma denuncia basada en las mentiras hechas por Uri Ben Schmuel, investigado por los diarios chicha en la época de Montesinos ,estaba en seis fiscalías más, con diferentes delitos ,pero todos en la misma falsedad y el caso no se cierra. La fiscal Marta Salinas ha declarado el caso complejo, lo cual quiere decir que el caso va a seguir abierto hasta el 2025. Están pidiendo que se abran mis secretos de comunicaciones y ella no se ve ninguna necesidad de cerrar el caso (…), y yo sigo procesada por enriquecimiento ilícito en una fiscalía de altos funcionarios del Estado y nadie dice nada”, lamenta.
“Se han normalizado tantas formas de abuso… El sodalicio es una organización poderosa, que no ha dejado de ser poderosa todavía, que sigue enojada con la gente que la ha investigado”, subraya.
Los lazos políticos del Sodalicio
Además de los negocios que tienen los altos mandos del Sodalicio, también existen conexiones políticas relevantes de detallar.
En el operativo Valkiria, desatado el año pasado, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) del Ministerio Público, se reveló que dos colabores coincidían en que ean parte del círculo de asesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides: Hernan Garrido Lecca y José Luis Hauyon, dueño del estudio de Abogados Hauyon & Hauyon Abogados Economistas,defendió a Luis Figari, a Jaime Baertl y Alberto Gómez de la Torre Pretell.
Jaime Baertl es acusado de encubrir los casos de abuso sexual dentro del Sodalicio y Alberto Gómez de la Torre Pretell, es exrepresentante de la Asociación Civil San Juan Bautista, una organización que habría pagado a la organización criminal La Gran Cruz de Piura, para mantener su domnio en esta región, según el reportaje de Al Jazeera.
“Se movía en la Fiscalía dirigiendo las investigaciones contra Paola Ugaz, no descartamos contra Daniel Yovera, en el Poder Judicial, y lo del allanamiento en mi casa. A mí me queda clarísimo que ahí cerró todo; era la pieza del rompecabezas que nos faltaba (…). Él era el que contrataba, por ejemplo a Umberto Jara, para que haga un Amicus curiae contra el informe de Daniel Yovera en Al Jazeera y de paso contra él”, sentenció.
Según Paola Ugaz, ellos divulgaban información de sus procesos a tal punto que Hernán Garrido Leca habría difundido información de su familia.
“El operativo Valkiria le puso luces a gente que estaba moviéndose en las sombras y no tan en las sombras para perseguir a los periodistas y para callarnos porque en el fondo esto es como una maratón. No ha sido una carrera de 100 metros (…). Falta muy poquito para la meta supongo pero ha sido muy duro, muy difícil para nuestra familia, para nuestros amigos, nuestros mismos trabajo, porque todo esto lo hemos hecho fuera de nuestros trabajos normales y no es como las películas”, manifiesta.
Con este último comentario hace referencia a Spotlight, el equipo de investigación del Boston Globe, que tiene un medio de comunicación y abogados que lo respaldan. Así no sucedió con los entrevistados. Ellos tuvieron que conseguir letrados pro bono, además de ayuda de organizaciones internacioanles.
“Yo lo he dicho más de una vez. Yo estaría en la cárcel porque era la única manera de protegernos: hablar con los embajadores, hablar con las organizaciones de derechos humanos de afuera, para que se conozcan las historias”, expresó.
