El Senado se encuentra este jueves por la tarde en una sesión especial en la que tratará el proyecto de reforma previsional que impulsa la oposición para convertirlo en ley tras la aprobación en Diputados. La norma, implica entre sus puntos más destacados, un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.
El presidente Javier Milei anticipó en varias oportunidades que vetará la norma en caso de que sea sancionada por el Congreso debido a que, aseguran en el gobierno, implica un gasto imposible de financiar para el Tesoro y un golpe al objetivo de equilibrio fiscal.
Las principales claves de la fórmula jubilatoria que tratará el Senado
El proyecto aprobado en Diputados propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. Esa periodicidad hace que los ajustes mensuales de los haberes previsionales, que se pagan a principio de mes, se realicen a partir del IPC con dos meses de rezago. Este punto está en línea con el mecanismo de indexación que definió Milei en el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.
Sin embargo, uno de los puntos de tensión es que la iniciativa de la oposición prevé una compensación extra – o “empalme”- del 8,1% para todos los jubilados, dado que el gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.
El Ministerio de Economía explicó que esa modificación tendrá un costo adicional para el Tesoro equivalente a 0,3 puntos del PBI en 2024 y de 0,44% del PBI en 2025, que no estaban contemplados en la hoja de ruta oficial. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó en 0,44% ese gasto para este año.
El proyecto que se trata en el Senado establece además que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, que para julio estuvo valorizada en $291.472 para quienes reciben un solo ingreso de Anses. Eso deja las jubilaciones en un umbral de $317.704,48, por encima de los $285.581 que percibieron ese mes quienes cobran la mínima ($215.000 de haber y $70.000 de bono).
El impacto estimado por el gobierno de este punto es de 0,27 puntos del PBI para los meses que quedan de 2024 y de 0,77 puntos del PBI en 2025.
La norma también prevé un adicional del 50% de la variación entre la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De este modo, la inflación, que viene presentando una sostenida desaceleración, no se convertirá en un un techo para los haberes.
El otro punto crítico es el artículo 10 del proyecto. Allí se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las que tiene el Estado con las cajas provinciales. Son 90.000 sentencias firmes que tienen jubilados y las cajas no transferidas son de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
El Gobierno anticipó que sólo cumpliendo con la cancelación de deudas a las provincias y los juicios, el Estado finalizaría el año con déficit fiscal.
Cómo quedan las jubilaciones si se aprueba la reforma
Según la fórmula de movilidad actual, el haber mínimo pasará en septiembre de $225.454 a $234.539 y, en caso de que el gobierno decida continuar con el bono de $70.000, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar $304.539 frente a los $295.454 actuales.
- De aprobarse los cambios que propone la oposición, el haber mínimo pasaría a $251.425,8 y a $321.425,8 contemplando el bono.
- Hay que tener en cuenta además el umbral que prevé el proyecto a partir del equivalente a 1,09 CBT para un adulto equivalente, que hasta julio fue de 317.704,48 pesos.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la jubilación mínima se ubicaba en junio pasado un 37% por debajo del nivel registrado en 2017 en términos reales. Desde ese momento, se aplicaron cuatro fórmulas de actualización diferentes y ninguna implicó una recomposición de esa pérdida para los jubilados.
La preocupación del gobierno
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso a finales de julio ante los senadores y manifestó su preocupación por el efecto en las cuentas públicas de los cambios propuestos en el proyecto de ley de la oposición.
“Sumado todo el proyecto, estamos hablando justamente que tanto este año como el año próximo las cuentas públicas cerrarían en déficit. Hablamos de un gasto adicional de 1 punto del PBI en 2024 y de 1,2 puntos del PBI para el año que viene. En un contexto, insisto, en que no tenemos acceso a ningún tipo de financiamiento, sumado adicionalmente a que el año que viene vamos a tener menos recursos disponibles dada la caducidad del impuesto PAIS, con lo cual la situación de cara al 2025 es mucho más compleja en términos fiscales”, advirtió Guberman.
En reiteradas oportunidades el gobierno resaltó que en su hoja de ruta es fundamental apuntar al equilibrio en las cuentas, en busca de convencer a los inversores de la solvencia de Argentina de cara al futuro. El Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un superávit financiero equivalente a 0,4 puntos del PBI, según informó la semana pasada Hacienda.
En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto de reforma previsional de la oposición en caso de que sea sancionado este jueves por la Cámara alta. “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció el funcionario en su habitual conferencia de prensa.
