El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, presentó esta mañana un recurso de control difuso ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Este recurso legal busca evitar la aplicación de la Ley 32108 en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que involucra a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República.
El documento fue enviado por el fiscal Carlos Ordaya López, miembro del EFICCOP. “Recurro a su judicatura para solicitar que no se aplique la Ley N° 32108 (…), ya que estas disposiciones resultan inconstitucionales e inconvenientes por transgredir la Constitución y los diversos tratados internacionales de los que el Estado peruano es parte”, se lee en el documento.
El equipo especial de la Fiscalía sostiene que la Ley 32108 contraviene la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Palermo, entre otros acuerdos internacionales. Además, calificó la Ley 32108 como una norma que promueve la impunidad ante los graves delitos de crimen organizado.
La Ley 32108, en el contexto del caso ‘Waykis en la Sombra’, podría interferir con la solicitud de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte. La audiencia en la que el juez Concepción Carhuancho decidirá si Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Jorge Ortiz, Zenobia Herrera y Noriel Chingay serán sometidos a prisión preventiva se reanudará el 26 de agosto a las 5:00 p.m.
El pasado 21 de agosto, durante la audiencia para evaluar la prisión preventiva, la defensa de los implicados solicitó al juez Concepción Carhuancho que se aplicara la controvertida ley. Concepción Carhuancho indicó que la discusión y decisión sobre la aplicación de la nueva Ley de Crimen Organizado se realizará en una audiencia posterior.
Nicanor Boluarte está siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal en perjuicio del Estado, en el marco del caso “Waykis en la Sombra”. Por su parte, Mateo Castañeda es acusado de participar en un plan para que se archive la investigación contra el hermano de la mandataria.
Cuestionan la Ley contra el Crimen Organizado
La Ley 32108 fue promulgada el 9 de agosto, junto con la Ley 3107 -conocida como la ‘Ley de Impunidad’– después de que el Ejecutivo no las observara. Ambas normas fueron oficializadas con la firma del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
La llamada Ley contra el Crimen Organizado modifica la definición de ciertos delitos. Establece que de los 91 tipos penales existentes, se eliminen 59. Además, dispuso que los delitos con penas menores a seis años de prisión ya no se consideren “graves”. Otro cambio introducido por la norma es que los allanamientos de inmuebles solo se realicen con la presencia del investigado y su abogado.
Delitos como la tala ilegal, negociación incompatible, estafa, el tráfico de órganos, la colusión, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de migrantes y la tortura simple, entre otros, dejarían de ser clasificados como graves. El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, declaró en los medios de comunicación que la Ley contra el Crimen Organizado afecta la efectividad de los procesos de investigación fiscal.
Es importante mencionar que hay partidos políticos, como Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos, que están siendo investigados actualmente por el delito de organización criminal. Los principales líderes de estas agrupaciones, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y José Luna Gálvez, también han sido incluidos en las investigaciones.
