Las cámaras empresarias de transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron sobre el riesgo de la continuidad del servicio a partir de septiembre de 2024. Las entidades involucradas, entre las que se encuentran la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), señalan la falta de acuerdo entre las jurisdicciones de Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) como la causa principal del conflicto.
A través de un comunicado, las empresas detallan varios puntos críticos, entre los que destacan la falta de cobertura de subsidios a las líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de septiembre de 2024, así como la ausencia de actualización en la estructura de costos utilizada para calcular los subsidios. También se menciona un subreconocimiento del costo de inversión en unidades, con una brecha de más del 100 por ciento.
Las cámaras empresarias informaron que, a pesar de que desde el 12 de agosto se ajustó la tarifa del servicio en un 37%, esta medida no impacta de manera positiva en la economía de las empresas, ya que los subsidios continúan siendo insuficientes para cubrir los costos operativos y las necesidades de inversión.
El comunicado indica que los operadores reciben un promedio de $862 por viaje, cifra que, según las cámaras, no alcanza para cubrir las inversiones necesarias para mantener un sistema de transporte que moviliza a casi 10 millones de pasajeros diarios y emplea a 50.000 trabajadores. Ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, las empresas han anunciado una reducción en los servicios nocturnos y durante los fines de semana a partir de la próxima semana, como medida para evitar una paralización total del servicio.
Además, se ha denunciado una irregular distribución de los subsidios, beneficiando de manera indebida al Grupo DOTA, que habría recibido más de 30.000 millones de pesos en fondos públicos desde 2022, en detrimento del resto de las empresas del sector. Las cámaras empresarias señalaron que esta situación contribuye a agravar la crisis en el transporte público del AMBA.
El comunicado también destaca que, aunque se ha producido una reciente actualización tarifaria, esta medida se considera una herramienta utilizada por el regulador para reducir la carga de los subsidios estatales, en lugar de ser una solución que beneficie directamente a las empresas. Según las cámaras, el ajuste de la tarifa no logra impactar positivamente en la situación financiera de los operadores, ya que los subsidios continúan siendo insuficientes para cubrir los costos reales del servicio.
Otro de los puntos críticos mencionados en el comunicado es la falta de cobertura en la RED SUBE para aquellas líneas que no pertenecen a la Jurisdicción Nacional pero que recorren el AMBA. Esta situación genera incertidumbre en los operadores, quienes temen que la falta de recursos y la deficiente estructura de subsidios se traduzcan en una merma aún mayor en la calidad del servicio para los usuarios.
En cuanto a la distribución de subsidios, las cámaras hicieron énfasis en la necesidad de una mayor transparencia y equidad. Critican lo que consideran una distribución inequitativa, favoreciendo a ciertos grupos empresariales en detrimento de otros. Según los empresarios, las distorsiones en la asignación de subsidios han profundizado la crisis, afectando la capacidad de muchas empresas de mantener la continuidad de sus operaciones.
Por último, los representantes del sector recalcaron la urgencia de encontrar soluciones definitivas que permitan la sostenibilidad del sistema de transporte del AMBA. Aseguraron que, de no resolverse las problemáticas estructurales señaladas, el servicio de colectivos podría seguir deteriorándose, impactando directamente a millones de pasajeros que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Las cámaras expresaron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones e invitaron a cualquier investigador independiente a evaluar la situación del sector. Sin embargo, advierten que, de no resolverse estos problemas, no podrán garantizar la continuidad del servicio ni las fuentes laborales de miles de trabajadores.
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