El 26 de agosto de 2024, las principales aerolíneas del país denunciaron que a causa de la escasez de combustible se vieron obligadas a cancelar, reprogramar y poner en pausa sus operaciones hasta que el Gobierno nacional garantizara el correcto abastecimiento de este recurso.
En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el país sí contaba con los niveles suficientes de combustible, por lo que no había escusa para suspender las operaciones.
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Luego de las declaraciones del primer mandatario, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) se pronunció al respecto y exigió a las aerolíneas retomar sus operaciones de manera inmediata, para evitar enfrentarse a sanciones. En consecuencia, las principales aerolíneas del país anunciaron que desde el 27 de agosto de 2024 reanudarían con normalidad sus operaciones.
Sobre la contingencia del tránsito aéreo que se vivió en todo el territorio nacional, el vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga solicitó explicaciones por la incertidumbre generada a miles de personas, que vieron sus vuelos cancelados o reprogramados a causa del desabastecimiento del combustible Jet A1, fundamental para el vuelo de los aviones.
A su vez, el funcionario pidió claridad metodológica con respecto a la cantidad disponible de este recurso. Los comercializadores efectivamente saben cuantas reservas tienen para enfrentar el mercado y la demanda de este”. Igualmente, señaló que los productores tienen parte de responsabilidad de lo sucedido, son los que saben si están en capacidad de suplir los requerimientos solicitados.
En paralelo, el vicecontralor dijo que la crisis solo demuestra la falta de diálogo y comunicación dentro del Gobierno nacional, cuyas principales víctimas son los ciudadanos, “cuántas personas pueden perder una oportunidad de negocio, laboral o no poder atender una emergencia a causa de esta coyuntura”, agregó.
En ese sentido, aseguró que, “no se puede hablar un día de una parálisis por desabastecimiento y al día siguiente pareciera mágicamente que la operación se normaliza”. De igual manera, anunció que el órgano de control hará las investigaciones pertinentes para determinar el origen del problema y repartir responsabilidades entre los actores implicados, especialmente, a Ecopetrol y a los proveedores.
“Aquí hay que investigar efectivamente quién tiene la responsabilidad de indicar cuánto combustible se necesita para la operación y cómo ponemos en evidencia, además, que el país no tiene la capacidad para abastecerse en estas circunstancias, ni mucho menos guardar combustible como lo debe ser”, resaltó el vicecontralor.
¿Qué dicen los implicados?
Luego de la crisis en las terminales aéreas, que habría sido derivado por una falla eléctrica de la Refinería de Cartagena (Reficar), administrada por Ecopetrol, el pasado 16 de agosto, la compañía Terpel informó de la normalización en la entrega de este combustible JET A-1 en los aeropuertos de todo el país. Además, solicitó que se le informe previamente de aquellas terminales aéreas que necesiten mayores cantidades.
A propósito, la ministra de Trasporte, María Constanza García, explicó que, “habrá monitoreo permanente del inventario de la información que entreguen las empresas de transporte aeronáutico sobre el suministro de combustibles y del funcionamiento de los aeropuertos del país”.
Por su parte, Ecopetrol señaló que para avanzar en la solución de esta “crisis”, aumentará la producción de combustible para avión, anticipará las entregas programadas, e incrementará la frecuencia de los despachos de las dos refinerías, lo que contribuirá a que no se altere el tráfico aéreo.
A la par, Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal, aseguró que el país ha mantenido la producción de este recurso. “Estamos en los 37.000 barriles diarios que para los meses de julio y agosto fueron nominados por los distintos distribuidores mayoristas. La situación se presentó y como circunstancia de la misma se redujo la obligación del 100% de disponibilidad que tiene Ecopetrol para atender la demanda nacional”.
