Concepción M. Moreno y Pablo Duer
Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Los jubilados argentinos llevaron a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) su habitual protesta de los miércoles frente al Congreso, en este caso para quejarse por el anunciado veto del presidente del país, Javier Milei, al proyecto de ley aprobado el 22 de agosto para la actualización de las pensiones.
Los jubilados se concentraron frente al Congreso Nacional, como llevan haciendo todas las semanas para quejarse por su situación socioeconómica, y, antes de marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, donde está la sede del Gobierno, fueron reprimidos por el personal policial, que golpeó a varios de ellos y utilizó gas pimienta, que también afectó a informadores que cubrían la marcha.
La represión se debió al corte parcial de los manifestantes de una importante avenida y al rechazo de acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza, usando gas y golpeando con porras, en aplicación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde diciembre de 2023.
Los colectivos de pensionistas estuvieron acompañados, además, por manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas que se sumaron al reclamo contra la decisión de Milei de vetar la ley, aprobada la semana pasada por amplia mayoría en el Senado.
Esta establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.
Georgina, ya jubilada de su carrera como docente, destacó a EFE que tanto el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) como el del libertario Milei “vienen ajustando principalmente con las jubilaciones” y los que más sufren esta situación “son los jubilados de la mínima, todos trabajadores que aportaron durante 30 o 40 años y que no llegan ni a la canasta más básica de alimentos”.
En su opinión, “la crueldad del Gobierno es muy explícita” y rescató que, por ello, se manifiestan “para denunciarlo y pelear”.
Otro pensionista, Francisco Muzzupappa, quien trabajó como fotógrafo, reseñó que “los jubilados siempre estuvieron rezagados, siempre estuvieron mal, no más o menos, mal” y protestó por las dificultades para acceder a una vivienda digna con el dinero de una jubilación.
“El presidente quiere vetar esta ley y nos oponemos, porque sería una mejora para nosotros. Si el presidente no la quiere es un perjuicio para todos nosotros”, indicó a EFE.
Varias pancartas en contra del Gobierno, de sus políticas económicas y de su pensamiento en derechos humanos lucían tanto en la cabecera como en medio de la movilización.
“Es una persona muy mezquina. Para mí no está loco, se hace. Va a vetar como si fuera el dueño de una estancia. No entiende de democracia. El pueblo argentino votó democráticamente a una persona que no es democrática”, aseveró a EFE Graciela Romero, integrante del grupo feminista Liderar Mujer, además de escritora y psicóloga social.
Pese a estar jubilada hace 10 años, confesó que sigue activa porque no le alcanza el dinero y porque le gusta su trabajo. “Pero es el derecho a vivir como uno quiere lo que estamos perdiendo”, indicó.
Tras los altercados iniciales, la marcha a Plaza de Mayo se desarrolló con normalidad y concentró a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial.
El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada, que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI.
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Milei, puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado, aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021.
Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales -al tipo de cambio oficial-, que representa un 82 % del salario mínimo legal del país.
Tras el anuncio de que vetará la ley, el Gobierno informó de que llevara a cabo una actualización por decreto de las pensiones de un 4 % en septiembre, lo que llevaría el haber mínimo a 314 dólares. EFE
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