El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha reclamado este viernes al Gobierno del que forma parte que se apliquen sanciones a aquellas empresas que se “lucran” con proyectos de apoyo a Israel en la “colonización ilegal” de Palestina.
A través de una pregunta parlamentaria para respuesta escrita el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, y el diputado Fèlix Alonso, quieren que los máximos responsables en materia de Economía y Exteriores del Gobierno, los ministros Carlos Cuerpo y José Manuel Albares respectivamente, se pronuncien de forma pública sobre la situación que mantienen varias empresas españolas que siguen haciendo negocio en los territorios palestinos ocupados.
Según recuerdan en el escrito presentado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acudió a Kiev (Ucrania) acompañado de una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona, Adif, CAF y Renfe. Esta visita tenía como objetivo estudiar oportunidades de cooperación entre ambos países y se producía, según precisan desde Sumar, en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o la economía rusa.
Este criterio se emplea en España también para rechazar el genocidio en Gaza con acciones como el cese de nuevos contratos de ventas de armas o el reconocimiento del Estado Palestino. Sin embargo, desde el grupo plurinacional consideran que actualmente “sigue habiendo” empresas españolas que se “lucran” con la ocupación de Palestina.
ESPAÑA TERCERO EN EL RANKING EUROPEO
Ponen como ejemplo de ello a la empresa CAF, que aseguran que “gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado” o la empresa SEMI, que según precisan está “implicada” en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, aunque no son las únicas. “España se convierte en el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en estos territorios, solo por detrás de Alemania e Italia”, reprochan en la iniciativa recogida por Europa Press.
Por todo ello, desde Sumar urgen al Ejecutivo conocer en primer lugar, cuál fue el criterio para elegir a las empresas que acompañaron al ministro Cuerpo en la delegación.
También quieren saber si el Gobierno es “consciente” de que España “incumple” la directiva europea de diligencia cuando “premia y/o apoya” a empresas como las mencionadas que participan en proyectos para la “ilegal colonización” israelí y, al hilo de esta cuestión, aprovechan para cuestionar qué medidas se van a tomar desde el Ejecutivo para acabar con el apoyo o sancionar a estas empresas que se “lucran” con proyectos de apoyo a Israel e impedir que puedan formar parte de licitaciones, compras públicas y subvenciones.
Ya que, a su juicio, estos proyectos vulneran la legalidad internacional. En concreto, señalan que “no respeta el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados ni los derechos humanos, ya que se expropian terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir el tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante según el Derecho Internacional”.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PUEDE SER DELITO
En lo referente a la empresa CAF, los de Yolanda Díaz reclaman que los directivos y empleados de dicha empresa sean informados por el Ejecutivo de que la participación en los proyectos en territorio israelí suponen un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado y podrán ser perseguidos en los tribunales españoles.
Por último, piden conocer si desde el Ejecutivo se van a llevar a cabo los mecanismos necesarios para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en el proyecto mencionado.
Aunque no ha sido la única iniciativa en esta materia, la semana pasada desde la formación ya impulsaron en el Congreso otra iniciativa para que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, detalle los contratos que se siguen firmando con empresas armamentísticas de Israel pese al genocidio contra la población Palestina en Gaza.
Ya que desde IU consideran que las últimas adjudicaciones que se han llevado a cabo “contravienen el acuerdo del Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluye también la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas”.
