A pocos días de entrar en el último cuatrimestre del año, el gobierno nacional continúa sin cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le corresponde.
El próximo 9 de septiembre se cumplirán cuatro años desde la firma del Decreto de Alberto Fernández que le quitó a la ciudad un tercio de la coparticipación que le corresponde. Para aquel gobierno, incluso, fue una política de Estado la reducción de la alícuota correspondiente a la Ciudad y el incumplimiento del fallo.
El gobierno de Javier Milei, paradójicamente, utiliza a gusto y placer aquel Decreto de Fernández para continuar por la misma senda. Por ahora, los porteños seguimos en igual situación: aportamos mucho, recibimos muy poco y quedamos a merced de la discreción del gobierno nacional para contar con los recursos que nos corresponden.
En aquel momento, la decisión unilateral y por Decreto de reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,5 % al 1,4% no solo fue un retroceso para el fortalecimiento del federalismo y un ataque a la autonomía, sino que también condicionó fuertemente el presupuesto del año 2021 ya que redujo considerablemente los recursos.
En 2024, el gobierno nacional se ha embarcado en un ajuste fiscal importante, aunque desordenado. Entre otros argumentos, los funcionarios nacionales sostienen que el ajuste y el cumplimiento de las obligaciones son innegociables para que lleguen inversiones al país. Sin embargo, esto es incompatible con lo que practican.
La falta de cumplimiento respecto a los fondos coparticipables que le corresponden a la ciudad es una muestra de ello, ¿qué inversiones pueden llegar a un país donde el Estado Nacional incumple los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Sumado a esto, es una decisión que solo se entiende como herramienta de presión política ya que su reversión no implica afectar los recursos de las restantes provincias a la vez que no constituye un monto significativo para los gastos nacionales.
A través del desacato al fallo de la Corte, el gobierno de Javier Milei asume la misma actitud, respecto a los porteños, que el de Alberto Fernández. Se desoye los principios elementales del federalismo, basados en el respeto a la autonomía de la Ciudad y a la organización federal de la Nación, y vuelve a la política del látigo y la billetera en versión libertaria.
El régimen de coparticipación fue creado con el objetivo de contribuir al desarrollo equitativo del federalismo. Es decir que dentro del propio régimen reside tanto un criterio distributivo como equitativo de una porción de los recursos de la Nación. El hecho de asignar parte de estos recursos de manera arbitraria va en la dirección contraria del espíritu mismo de la Ley.
Como agravante, la última reunión entre autoridades de Nación y Ciudad para la resolver sobre los fondos coparticipables no tuvo buenos resultados. Se caracterizó, además, por el faltazo del Ministro de Economía de la Nación en otra señal de desinterés hacia la resolución del conflicto.
En lugar de contribuir a la buena gestión de los recursos coparticipables, el gobierno nacional plantea propuestas de gastos que no se condicen con sus relatos como la asignación de $100.000 millones para gastos en inteligencia sin especificación, la compra de aviones de guerra sin presentar hipótesis de conflicto alguna o los viajes del Presidente sin agenda oficial ni objetivo claro.
En paralelo, se aprontan a ajustar jubilaciones y salarios docentes mientras somete al sistema científico y paraliza la inversión en infraestructura. En síntesis, es un gobierno que parece tener las prioridades equivocadas ya que no le interesa cumplir con la Ley, le ajusta a jubilados y docentes y no invierte en ciencia, tecnología e infraestructura, sino que se concentra en gastos innecesarios e injustificables.
Todas estas cuestiones son preponderantes en un proceso de desarrollo y también revelan la actitud del gobierno con las instituciones, con la calidad de vida de sus habitantes y con la capacidad de contribuir a un flujo de comercio más ágil y eficiente. Es evidente que, sencillamente, no les interesa.
Las políticas adoptadas por el gobierno, donde los jubilados y la educación pasan a segundo plano y la inversión en ciencia e infraestructura es inexistente, nos conduce a un país más fragmentado y con menos potencial de desarrollo.
Cumplir con la ley para devolverle a los porteños la plata que le corresponde fue el último eslabón de prioridades durante la gestión de Alberto Fernández. Luego de 9 meses de gestión, pareciera ser también el último eslabón para la gestión de Milei, quien no sólo utiliza las herramientas heredadas del gobierno anterior para someter a la Ciudad, sino que además pone en práctica el tipo de federalismo que él mismo supo criticar.
