La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en las últimas horas irregularidades en el traslado de gran parte de los detenidos en el marco de las protestas que se desataron el 28 de julio tras el fraude electoral de Nicolás Maduro.
Según señaló la Organización en un comunicado, al menos 700 de los arrestados fueron llevados en condiciones inapropiadas a las cárceles de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito -que Maduro ordenó reacondicionar para tal propósito- y advirtió que las autoridades se niegan a proveer información actualizada sobre su estado o su paradero.
“Observamos con suma preocupación que los traslados de estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales”, comienza señalando la nota.
Asimismo, los expertos alertaron que “no hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar ni cuándo serán los días de visita y bajo qué condiciones serán”, y sumaron que “en ninguno de los penales hay una lista de trasladados”.
“Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas (…) se le ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza”, agregó OVP.
Por otro lado, la Organización apuntó que los detenidos no fueron evaluados ni física ni psicológicamente, lo que derivó en condiciones médicas inapropiadas en muchos de los casos.
“Ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad. En este punto, es importante destacar que la detención arbitraria tiene un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que puedan durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y depresión”, concluye el escrito.
La víspera, la ONG Foro Penal, que también monitorea de cerca la situación en los penales venezolanos, advirtió de una situación similar, en su caso en el estado insular de Nueva Esparta.
“Familiares desconocen el lugar dónde los llevan. Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita”, escribieron en un mensaje en redes sociales en el que recordaron que “las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladas, están incurriendo en una violación de la Constitución”.
Al igual que OVP, Foro Penal apuntó que a los detenidos tampoco se les respeta su derecho a la legítima defensa, con abogados privados, siendo obligados a aceptar representación del Estado, en procesos judiciales poco transparentes.
“En la mayoría de los casos de las detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, escribieron.
En tanto, Una Ventana a la Libertad logró confirmar el traslado de 29 presos desde el estado de Apure hasta el penal de Tocorón, este viernes cerca de la 01:00 am.
A principios de mes, apenas días después de que iniciaran las protestas pacíficas, Maduro prometió que enviaría a todos los “guarimberos” a las cárceles de alta seguridad en el centro del país, en un intento por seguir intimidando a la disidencia.
(MIGUEL GUTIERREZ/)
“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, comenzó diciendo entonces y prometió: ”Estoy preparando dos cárceles que estarán listas en 15 días… ya estaban reparándose. Tocorón y Tocuyito. Todos los ‘guarimberos’ van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”.
(Con información de EFE)
