A dos años del atentado contra Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo están siendo juzgados en el banquillo de los acusados. Sin embargo, la atención de la querella está puesta en otros procesos por afuera del debate: la llamada pista Milman, que aún continúa en instrucción y tiene en paralelo otro expediente que puede ponerla en jaque; la investigación contra Revolución Federal y hasta el expediente que abrió la jueza María Servini para saber qué pasó con el teléfono de Sabag Montiel en las primeras horas de la investigación.
“¿De los autores intelectuales y de los financiadores?… Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, había dicho Cristina Kirchner horas antes de presentarse el pasado 14 de agosto en el edificio de Retiro, para declarar como testigo. En esa exposición de casi dos horas ante los jueces del TOF, evitó práctiamente hablar del momento del hecho pero tampoco nadie le preguntó demasiado. Es más, ni siquiera le consultaron si podía reconocer a Sabag Montiel, que estaba en la sala, como su atacante. “Afortunadamente, no vi el arma”, dijo.
No obstante, la ex vicepresidenta apuntó contra el fiscal Diego Luciani, que había pedido su condena por la causa Vialidad en los días previos al atentado (”contribuyó al clima de violencia de manera indubitable”), defendió a su custodia (”el custodio hace lo que el custodiado le dice que haga”), insistió en señalar al diputado Gerardo Milman y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (”conociéndola, no me sorprende nada de ella”) y criticó que no estuviera bajo esta causa el expediente de Revolución Federal. Cuando le preguntaron que vinculación le atribuía en el ataque del ministro de Economía, Luis Caputo, la testigo solo dijo “la que plantea mi querella”.
El fiscal Carlos Rívolo sostuvo que la prueba recabada hasta el momento impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”. Y la jueza María Eugenia Capuchetti recogió recientemente esos argumentos para rechazar planteos de la querella en torno a los cuestionamientos a la investigación y la llamada pista Milman. “Se advierte que el remedio procesal de la querella tiende a seleccionar antojadizamente fragmentos de la prueba incorporada, y por medio de su descontextualización, apunta a crear un marco fáctico distinto de aquél que el Ministerio Público Fiscal logró establecer”, afirmó.
El juicio
Desde el 23 de junio pasado, los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari llevan adelante el debate oral para establecer la responsabilidad en el ataque de Fernando Sabag Montiel, el atacante; Brenda Uliarte, su ex novia, y Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como un participante secundario.
El hecho, dicen en tribunales, no tiene muchas complejidades: filmaciones y testimonios acreditan que en la noche del 1° de septiembre de 2022 Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta, la esperaban un nutrido grupo de simpatizantes, como ocurría desde unos días antes cuando el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad. La rodeaba su custodia que no se dio cuenta de nada. Sabag Montiel estaba entre la multitud. Se acercó y le apuntó a CFK en la cara con una Bersa calibre.32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes. La acusación es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
A unos metros de donde estaba Sabag Montiel, estaba también su entonces novia Brenda. Al ver la detención, la joven se escabulló en el tumulto. Llamó a sus conocidos, terminó durmiendo en la casa de un ex novio, después se fue a la casa del grupo “copitos”, fueron todos juntos a Crónica TV, después dieron una nota a Telefé. Ella estaba con un tapado de piel. Acusaron a “Nando” y dijeron que no sabían nada del ataque. La joven quedó detenida en la noche del 4 de septiembre, cuando los investigadores detectaron su presencia en el lugar. Las conversaciones en su teléfono terminaron de complicarla.
Según se logró determinar en la causa apenas unos días después del ataque fue que el plan para matar a Cristina Kirchner comenzó hace casi un año: el 22 de abril del 2022. “Para limpiar la Argentina hace falta que corra sangre”. Ese día, la joven le contó a una amiga que tenía un arma. Tres meses después, el 4 de julio, Brenda le reveló a Agustina Díaz, su amiga agendada como “Amor de mi vida”: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.
Ya en julio, Brenda Uliarte tenía pensado atentar contra la vida de la Vicepresidenta utilizando un arma de fuego. Estaba organizándose para “ir a hacer bardo a la Casa Rosada”. De su teléfono surgen frases como “Yo estoy con ganas de ir a reventar la quinta de Olivos o la casa rosada con bombas molotov”; “a mí si me re dan los ovarios para hacerlo”; “sé usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco, ser estratega. No es fácil pero hay que encontrar la vuelta”; o “no voy a ser boluda de automandarme al muere”.
En sus diálogos también se supo su participación en una marcha a Casa de Gobierno que había organizado Revolución Federal y de su obsesión por Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, un youtuber vinculado a la militancia libertaria, anticuarentena y antikirchnerista y que fue denunciado por amenazar en redes sociales a la vicepresidenta. Habían pasado una noche juntos y ella hasta pensaba en hackearle el teléfono.
A Carrizo lo terminarían comprometiendo las conversaciones que se encontraron en su teléfono cuando lo entregó voluntariamente como testigo. “Esto estaba planificado para dentro de una semana (…) hizo todo mal”, le dijo a su hermana, preocupado además porque el arma que se había usado podía ser la suya. Carrizo intentó sostener que había sido todo una broma, pero la Justicia no creyó en que se tratara de simple humor negro.
Llegaron a juicio acusados por la fiscalía de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la intención de la querella y, según se anunció, también del Ministerio Público incluir el agravante de violencia de género.
Las declaraciones de los acusados
Al inicio del debate, Sabag Montiel esperó a los periodistas con un cartel: “Me tienen secuestrado”, escribió. Sonreía y hacía gestos. Del otro lado, estaba Brenda, con una saco cuadrillé. Cuando una periodista le preguntó si estaba arrepentida, la joven la miró de reojo y le contestó: “qué pregunta más pelotuda”. Carrizo, de traje y camisa blanca, miraba el desfile de los cámaras en silencio y con atención.
“Estoy acá porque una parte de la justicia argentina no funciona. Me cargué una mochila, traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”, afirmó Sabag. Y sobre Cristina Kirchner añadió: “no me gusta de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad y demás cosas que son sabidas”.
Sabag rechazó haber llevado adelante el atentado por dinero o estar ligado a Revolución Federal. Afirmó que él llevó adelante su plan “por valores” y no por dinero. “Es un acto de justicia y no fue un acto del cual traté de favorecerme económicamente o por otro lado. Tiene una connotación más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa”, dijo.
“Quizás ella (Brenda) lo tomó com un juego de niños (…) Y si bien eso la complicó, de ciertas manera creo que no midió las consecuencias (…) No cualquier persona dice vamos a matar a alguien”, sostuvo. Cuando la fiscal quiso avanzar, Sabag lo dejó aún más claro: “Yo la quería matar (a CFK) y ella quería que muera. Yo nunca le di el arma diciendo hacelo vos. Ella quería ser más una espectadora que una partícipe”.
Lo de Benda fue un poco más insólito. Aunque su abogado defensor, Alejandro Cipolla, había adelantado que la joven no iba a declarar, la joven se sentó ante los jueces para contestar las preguntas de rigor y cuando la preguntaron si iba a declarar, aceptó, pero le pidió a la jueza Namer que le preguntaran. “¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, inquirió Cipolla. “Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh… “, respondió. Brenda hizo un largo silencio y se agarró la cabeza.
Hubo una minireunión de las partes y la jueza volvió a explicarle: “De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le explicó. ”Si, no más preguntas”, respondió Brenda ”¿Cómo no más preguntas?”, indagó la jueza. ”No, no declaro, anulo”.
En otra audiencia, en donde siguió una testimonial por zoom del secretario privado de Cristina Kirchner, a Uliarte hubo que llamarle la atención: estaba cantando y riéndose. Su defensa reclamó que se analiza si es imputable, y los útimos informes ratificaron que está en condiciones de enfrentar el proceso.
Quebrado, Carrizo terminó llorando ante los jueces. “No lo quiero tomar como excusa, pero estábamos tomando un fernet, el alcohol era habitual. Estaba entonado y empecé a mandar mensajes. Les juro que nunca me lo tomé con la seriedad que tenía que ser. Hace un año y nueve meses que me estoy castigando por esto. Lo que dije nunca fue cierto, fue en joda”, dijo ante los jueces.
A Carrizo lo comprometen los mensajes que encontraron en su teléfono. Se los envió a Andrea Posadas, su hermanastra: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”; “estamos decididos a matarla a puta esa”; “Cristina tiene miedo. Salió mal, pero tiene miedo”; “mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”; “mirá, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto… Recién hablé con la novia y la tiene ella, así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar”. El arma que Carrizo dice que entregó nunca se encontró.
“No puede ser que por esto esté acá. No lo puedo creer. Las cosas que me desvinculaban del caso nunca las tomaron en cuenta. Lo que declaré nunca me creyeron. Si pudiera volver el tiempo atrás, ni siquiera la hubiese ayudado a ella. Cometí dos errores. Mandar los mensajes y ayudarla a ella”, dijo Carrizo en referencia a Uliarte. E insistió con la broma de sus mensajes: “Es por lógica que son chistes, son jodas que hice. En ningún momento le pasé un arma a ella (por Uliarte), nunca le di a un arma a nadie, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé, no sé nada de eso. Lo único que quería era que se coman el verso”.
El teléfono de Sabag Montiel
La destrucción del celular de Fernando Sabag Montiel, en las primeras horas posteriores a su detención, fue uno de los primeros ejes de conflicto en la causa que investiga el ataque contra Cristina Kirchner. La ex vicepresidenta responsabilizó de ese episodio a la jueza María Eugenia Capuchetti semanas después, cuando comenzaba la llamada pista que apuntaba al diputado del PRO Gerardo Milman, aun en trámite, y la entonces funcionaria reclamó la recusación de la magistrada.
Se trata de un Samsung A50, que Sabag le había comprado por internet a una chica venezolana y que cada vez que se prendia le aparecía “una pantalla con letras rojas que decía ‘CMD WARNING’ y tenía que apretar ahí el botón de power y el teléfono andaba”. En la noche del atentado, el teléfono fue secuestrado y llevado al juzgado, donde un cabo de la Policía Federal intentó ver su contenido, pero el equipo estaba bloqueado con un patrón. Al día siguiente, el teléfono fue enviado a la sede de la PSA. Esa fuerza consignó en un acta que el sobre estaba abierto.
La PSA informó que no podían ingresar porque el celular ya estaba reseteado a modo fábrica. Sin embargo, un peritaje en Gendarmería estableció que eso sucedió cuando el equipo ya estaba en poder de la PSA. De ese celular solo se pudo acceder a la mensajería de Telegram, tres cuentas de Google y de ahí se tuvo acceso a la nube que contenía gran cantidad de archivos multimedia que están siendo analizados. Es un total de 50 gigas de datos de la “nube”. De WhatsApp solo se pudieron recuperar los mensajes del día del intento de homicidio: es que el teléfono estaba apagado al momento de ser secuestrado y Sabag Montiel no tenía activada la copia de seguridad que permite “levantar” conversaciones más antiguas.
Fue la propia Capuchetti la que extrajo testimonios de su causa y ordenó que se investigara qué había pasado. El caso cayó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Federico Delgado, que falleció el año pasado. Se llevaron adelante una serie de testimoniales en el expediente y el fiscal Ramiro González pidió archivar el expediente. Pero la jueza resolvió llamar a indagatoria a tres agentes policiales como sospechosos de haber hecho perder las pruebas del teléfono clave.
En la causa declaró como testigo el propio Sabag Montiel. Hace diez días también se presentó a declarar Juan Martín Mena, el ex viceministro de Justicia y actual ministro de ese área en la provincia de Buenos Aires que en la madrugada posterior al ataque estuvo en Comodoro Py 2002.
Según pudo saber Infobae, la jueza Servini activó una serie de diligencias en los últimos días: decidió llamar a declarar a secretarios de Capuchetti, al fiscal Eduardo Taiano y al defensor oficial Juan Hermida, pedir cámaras de seguridad de la PSA e informes a Samsug y a Cellebrate, además de informes sobre los peritajes. Entre esos pedidos también están los reclamos de informes al TOF 6 para saber qué pasó con la pericia del dispositivo.
Precisamente, la fiscal de juicio Gabriela Baigún habría promovido que se llevara adelante a mediados de agosto un peritaje sobre ese dispositivo. Era la misma diligencia que había querido llevar adelante el fiscal Carlos Rívolo. Sin embargo, tal como sucedió en instrucción, la querella se opuso, diciendo que en Israel podría llegar a conseguirse una mejor tecnología.
Se trata de una bala de plata, dicen los investigadores. Intentar abrirlo puede permitir conocer qué hay en ese dispositivo y terminar con las dudas, pero no hay garantías de que salga bien y puede terminar de romperse en el proceso. Lo cierto es que, a dos años del atentado y con un juicio en marcha, los investigadores se preguntan cuánto más esperar.
La pista Milman
Veintitrés días después del atentado a Cristina Kirchner, se presentó ante la jueza Capuchetti Jorge Abello, un asesor legislativo del entonces diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Allí aseguró que 48 horas antes del atentado a CFK había ido al Congreso con su cuñado y luego terminaron almorzando en Casablanca, un bar que esta en la esquina del Palacio Legislativo. Entre los otros comensales estaba el diputado Gerardo Milman, del PRO, y le llamó la atención que estuviera acompañado por dos jóvenes “muy bonitas”
“A voz alzada escucho con mis propios oídos que Milman dice textual ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ‘y tu chofer?’ y él le contesta: ‘Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo’. Eso fue todo lo que escuché, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”.
La ficha, dijo, le cayó después del atentado y le mandó un mensaje a su jefe político. Horas antes de que Abello se presentara en tribunales, Cleri se presentó ante una escribana para que quedara certificado que había recibido ese mensaje de parte de Abello. Usaba un teléfono Blackberry. La defensa de Milman sostiene que el IMEI del celular de Cleri (una suerte del DNI del teléfono) que registró la escribana tenía un número equivocado
Cleri declaró ante Rívolo: confirmó haber recibido el mensaje de su colaborador y afirmó que se lo reportó una semana más tarde al equipo jurídico de la vicepresidenta. Fue el 7 de septiembre. Cuando le preguntaron si no consideró la urgencia y la importancia del mensaje para informaron a la justicia, el testigo respondió que confió en que Abello se presentara a la Justicia.
Hasta ahora, solo Abello dijo haber escuchado la frase de Milman en el bar de la esquina del Congreso. No la escuchó su cuñado, que estaba con él, ni el diputado Mario Leito, sentado en la mesa contigua a Abello. Las asesoras de Milman, que declararon varias veces, afirmaron que nunca lo oyeron decir esa afirmación.
Mientras esa hipótesis se investiga en la causa que lleva el fiscal Carlos Rívolo, hay otra investigación que impulso Milman por falso testimonio contra Abello. Infobae accedió a la pericia que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público. Concretamente, el fiscal Eduardo Taiano ordenó rastrear la frase “Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Millman con dos pibas, y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa’”.
Según las conclusiones del informe, “se encontró la conversación sostenida mediante WhatsApp entre Jorge Abello y el contacto agendado como Marcos Cleri, sin perjuicio de lo cual no se halló el mensaje en cuestión, como así tampoco información vinculada con este”. Aparecen dos audios que se enviaron por WhatsApp. Según la metadata de los dos archivos de audio, se pudo determinar que uno se habría remitido el 30 de agosto de 2022 a las 15:13:30, y otro el 07 de septiembre de 2022 a las 10:07:06. Ahora se esperan los resultados de los nuevos peritajes que volvió a reclamar el fiscal Taiano.
Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver un planteo de la querella para avanzar sobre medidas de prueba sobre el borrado de los teléfonos de las secretarias de Milman. Pero fue en ese contexto, durante una audiencia, en el que tanto jueces como abogados de CFK tomaron conocimiento de las novedades en la causa de Taiano.
La causa Revolución Federal
La causa está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita y entre los querellantes están la ex vicepresidenta y el ex precandidato presidencial Juan Grabois, ambos víctimas de las acciones desplegadas por Revolución Federal. La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto del 2022 frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Además, se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban.
Un mes y medio después del atentado a CFK, Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal, fueron detenidos -luego excarcelados por orden de la Cámara Federal- y procesados. La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó que Rossana Caputo, hermana del hoy ministro de Economía- sea indagada por dotar de financiamiento a esa organización desde la empresa Caputo Hermanos. Para la querella, la supuesta contratación por parte de Caputo Hermanos a la carpintería de Morel fue la excusa formal para esconder el financiamiento a Revolución Federal que en el mismo período de tiempo del año 2022 desplegó actividades violentas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en su mayoría contra la vicepresidenta y el espacio político que ella conduce.
En el juicio oral, tanto. la querella como la fiscalía consultan sobre las actividades de Revolución Federal en los días previos en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner. Otra de los focos de atención es Ximena Tezanos Pintos, la vecina de CFK. Las audiencias pueden seguirse por youtube a pedido de la querella. Fue así como la vecina escuchó cómo a la ex presidente le preguntaban por ella (”es un personaje”, dijo) y sus vínculos por Revolución Federal. Tezanos Pintos terminó haciendo una denuncia penal contra la fiscal Baigún. El juicio continuará esta semana con la declaración de más custodios. Inicialmente hay previstos casi 300 testigos, pero en tribunales apuestas a que se pueda desistir de muchos de ellos y así esperar un veredicto que, de cualquier manera, llegaría con suerte el año que viene.