El fiscal general de la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, solicitó que se desestime la denuncia que la diputada nacional Lourdes Arrieta, ya fuera del bloque de La Libertad Avanza (LLA), presentó contra sus colegas por presuntas presiones tras la visita a genocidas de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza. Iglesias ratificó el planteo del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, quien consideró que no hay delito que investigar en lo denunciado por Arrieta y que se trata de un cambio de postura política de la legisladora.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Iglesias presentó su dictamen la semana pasada, y ahora debe resolver el juez federal Ernesto Kreplak. En paralelo, Arrieta, querellante en la causa junto al abogado Yamil Castro Bianchi, solicitó que se le permita continuar con la investigación en ese rol.
Un grupo de diputados de LLA visitó el 11 de julio pasado a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Raúl Antonio Guglielminetti. El caso se hizo público y generó polémica, ya que derivó en iniciativas que el bloque oficialista buscaba presentar para beneficiar con prisiones domiciliarias a los condenados.
Públicamente, Arrieta declaró tras la visita que desconocía a las personas que había visitado en la cárcel y que no sabía quién era Astiz, dado que nació en 1993. Inclusive, en una sesión de la Cámara de Diputados, llevó el libro “Nunca Más”.
Arrieta reveló en su cuenta de la red social X los chats de los grupos de WhatsApp de los diputados de LLA, que evidenciaban cómo se organizó la visita y los proyectos para beneficiar a los genocidas. Además, presentó una denuncia penal para que se investigue si se violó el reglamento de visitas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y por coacción agravada debido a las presiones que sufrió luego de criticar la visita.
La diputada denunció que sufrió “un minucioso trabajo de manipulación”, ya que entendió que los grupos de WhatsApp y la visita a los genocidas eran “para mejorar las condiciones de detención de personas mayores” y no para beneficiar a los represores. Sostuvo que recibió presiones y hostigamiento.
La justicia federal de Lomas de Zamora llevó a cabo un procedimiento en la cárcel de Ezeiza en busca de documentación sobre la visita. El fiscal Mola dictaminó que se siga investigando si se violaron los reglamentos carcelarios y solicitó desestimar la denuncia por coacción, ya que no encontró delito alguno para investigar. También le pidió al juez Kreplak que, antes de decidir, consultara la opinión del fiscal Iglesias, quien compartió el criterio de que ese tramo de la causa debe cerrarse.
“Los hechos que describe la querellante, a los cuales pretende atribuirle un significado delictivo, se aprecian como las consecuencias de una actividad política propia de esa parte. El análisis de los hechos impone considerar que la aquí querellante, en su rol institucional, adoptó un posicionamiento político frente a una cuestión sensible y relevante para nuestro país como es juzgamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad, se asoció en términos políticos con otras personas que tenían una mirada similar y participó de actividades concretas en ese sentido”, sostuvo Iglesias en su dictamen y agregó que “cuando la visita carcelaria tomó estado público y surgieron las críticas, cambió su posicionamiento y responsabilizó a terceras personar, muchos de ellos diputados nacionales de su mismo bloque”.
El fiscal agregó que “no resultan atendibles los dichos de la aquí querellante sobre su desconocimiento de la situación o de haber sido víctima de manipulación por parte quienes organizaban las actividades”.
“Arrieta, en su carácter de Diputada Nacional, participó de reuniones personales, tuvo acceso a proyectos de ley y de un decreto para el Poder Ejecutivo, integró grupos de whatsapp cuyas conversaciones eran elocuentes y concurrió voluntariamente a la visita carcelaria. Incluso, luego de la visita, continuó interactuando con el grupo de pertenencia política”, sostuvo.
También señaló que de los chats que aportó la diputada no surgen delitos y que inclusive algunos de sus mensajes en esos grupos están borrados.
Por último, Iglesias señaló en su dictamen que “la denuncia que intenta la querellante Arrieta implica una práctica que debe ser enfáticamente rechazada, como es la judicialización de la actividad política”.
“Las diferencias que se producen en el desarrollo de la actividad política, deben ser dirimidas por las reglas y mecanismos propias de esa actividad. Judicializar mediante denuncias penales cuestiones que deber ser resueltas en ese ámbito, no solo implica una práctica desleal en términos políticos, sino que implica un detrimento para las instituciones de una República democrática y para el conjunto de la sociedad”, concluyó.
