Entre agosto de 2023 y julio de 2024, 16 reclusos han fallecido en la cárcel de El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, reportó que esta prisión, conocida como la “cárcel de la muerte”, enfrenta graves problemas de hacinamiento, condiciones insalubres y desnutrición entre sus internos.
Las temperaturas en el recinto pueden llegar a 42 grados centígrados, lo que agrava las precarias condiciones de vida de los reclusos
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El centro de reclusión está en un terreno que perteneció al antiguo capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y se encuentra cerca de la hacienda Nápoles. En la actualidad, alberga a 1.546 internos que viven en un estado de total abandono.
Según denuncias recopiladas por el medio Semana, los presos sobreviven bebiendo agua que llega turbia y con gusanos, además de consumir alimentos en estado de descomposición debido a la escasez de opciones.
Una serie de fotos y videos enviados por los reclusos muestran la alarmante situación: carnes infestadas de gusanos, papas y frutas podridas, y bebidas contaminadas con residuos. La insalubridad ha desatado brotes de enfermedades como tuberculosis, neumonía, VIH, sífilis, gonorrea, sarna, entre otras.
Sin embargo, el problema va más allá de la alimentación. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha sido incapaz de suministrar medicamentos adecuadamente, y durante 21 días no hubo ningún medicamento en las estanterías sanitarias del penal.
Los relatos de los internos son angustiantes. Uno de ellos, que lleva diez años en El Pesebre, expresó que las condiciones nunca habían sido tan terribles y que los detenidos son considerados “escorias de la humanidad” por quienes administran.
Los reclusos más vulnerables son sometidos a violaciones sexuales y golpizas como formas de “ajusticiamiento”. La corrupción también es endémica: hay denuncias sobre un sofisticado sistema de tráfico de drogas y alimentos dentro de la prisión.
Los familiares de los reclusos también han levantado su voz. Claudia Milena Flórez, madre de Duván Esteban Granados, un joven de 25 años que murió en El Pesebre, denunció que su hijo falleció debido a la desnutrición y la falta de atención médica. “Mi hijo murió como si fuera un perro tirado en el piso, no le dieron medicamentos”, relató, subrayando la inhumanidad con que se trata a los internos.
La situación de El Pesebre tiene implicaciones más amplias. Jorge Carmona, representante de la Veeduría Penitenciaria Nacional, explicó que los servicios de salud y alimentación están tercerizados y no controlados adecuadamente, lo que incentiva la corrupción. Las condiciones del agua han sido tan malas que, según el Inpec, las autoridades locales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Puerto Triunfo, no han podido garantizar un suministro adecuado.
Las pésimas condiciones han llevado a múltiples denuncias ante la Procuraduría y otras entidades de control; sin embargo, las respuestas y acciones correctivas aún son limitadas. Las familias de los reclusos viven en constante preocupación, temiendo que sus seres queridos sean las próximas víctimas de El Pesebre. “Lo que yo tengo por decir es que ellos cometieron un delito, sí, pero son seres humanos. Ellos no son animales, no los pueden tratar como animales”, concluye Rosmira Giraldo, familiar de dos internos en conversaciones con Semana.
Los esfuerzos internacionales y nacionales para mejorar esta situación han sido nulos. El director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, no ha respondido a las solicitudes de comentarios y no se han tomado acciones firmes para remediar la crisis humanitaria.
Ante esta situación, los mismos detenidos tienen miedo de denunciar las irregularidades, ya que enfrentan castigos aún más severos por parte de la guardia penitenciaria, que los aísla y los priva aún más de alimentos adecuados.
En resumen, la cárcel de El Pesebre en Puerto Triunfo refleja un sistema penitenciario colombiano en crisis, donde la corrupción, la desnutrición y las condiciones insalubres son la norma. Frente a esto, se requiere una intervención urgente del Gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos para salvaguardar la vida y dignidad de más de 1.500 internos que actualmente ven su existencia en riesgo.
