María Serrano es la primera agente de la Guardia Civil que se atreve a denunciar públicamente un caso de corrupción en el seno del instituto armado, valiéndose de la Ley 2/2023, que desde el pasado año protege a los informantes en la lucha contra la corrupción. Esta suboficial lleva un total de “nueve años de baja médica” y desde hace siete se encuentra inmersa en un procedimiento judicial castrense en el que le piden “un año de prisión militar”.
“Me cambiaron dos veces de destino y me enteraba por los compañeros que lo veían en el Boletín Oficial de la Guardia Civil”. En una conversación con Infobae España, Serrano enumera la veintena de “represalias” que ha sufrido desde que en el año 2015 denunciase a su cadena de mando (tres oficiales de la Comandancia de Sevilla) tras destapar presuntas corruptelas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla, donde prestaba servicio. Denunció, entre otros hechos, que un cabo primero de su unidad presuntamente realizaba recursos para quitar multas en Mercasevilla mientras asesoraba a empresas de gestión de residuos.
En el ejercicio de sus funciones, elaboró un informe y logró que se abrieran diligencias de investigación contra este agente, pero el caso se acabó archivando al estar prescritos los hechos para la justicia. Después, denunció por insubordinación a dicho cabo primero, al que la Guardia Civil abrió un expediente disciplinario que también se cerró sin castigo. Pero Serrano no se rindió.
En su afán por involucrar a sus mandos en la investigación, un día de julio del año 2015 la llamaron al despacho del jefe de la Comandancia, el por entonces coronel Fernando Mora Moret. Allí estaban el teniente jefe de su unidad, el teniente coronel jefe de Operaciones y el propio coronel jefe de la Comandancia. Lo que ocurrió fue “una total humillación” para Serrano. “La gota que colmó el vaso”, subraya. Dada la gravedad de los hechos, denunció a la cadena de mando ante el Juzgado Togado Militar Central. En su denuncia, a la que ha tenido acceso Infobae España, además de las presuntas corruptelas investigadas en su unidad, describió una “actitud vejatoria y humillante” por parte del máximo responsable de la Comandancia, quien la “vociferó, insultó, abochornó y ofendió”, según dijo en su reciente revelación pública.
El tribunal militar solo atendió la denuncia de la brigada en lo que se refería a las descalificaciones del coronel, las cuales calificó como “riña parental”. Al dejar impunes el resto de hechos denunciados, el jefe de la Comandancia, ahora general de división y recién nombrado jefe de la Primera Zona de la Comunidad de Madrid, interpuso en 2017 una denuncia contra Serrano por la vía castrense.
Más de un año de prisión militar
El procedimiento ha derivado en un inminente juicio que estaba fechado para los próximos días 17 y 18 de septiembre, pero recientemente el tribunal lo ha suspendido sine die. Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante siete años, la brigada Serrano, apoyada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se enfrenta a peticiones de 10 meses de prisión militar por parte de la Fiscalía y 11 por parte de la acusación particular. “Llevo siete años con la espada de Damocles sobre mí”, denuncia.
A esa acusación se suman las continuas represalias que ha sufrido en forma de 18 expedientes disciplinarios o cambios de destino forzosos. En primer lugar, fue enviada a la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose) de la Guardia Civil en Madrid en 2019. Después, la alejaron aún más de su casa, Sevilla, al destinarla a Zaragoza, donde no ha llegado a prestar servicio. Serrano recurrió este segundo cambio de destino forzoso y un tribunal de lo Contencioso-Administrativo le dio la razón, aunque el fallo todavía no se ha hecho efectivo.
A raíz de lo ocurrido con la cadena de mando en 2015, estuvo de baja médica hasta 2019, cuando recibió el alta en Madrid. Ese mismo año volvió a la baja, hasta el día de hoy. Explica que le abrieron dos expedientes por la supuesta pérdida de aptitudes psicofísicas. El primero se resolvió a su favor con un 10% de limitaciones, mientras que el segundo se encuentra paralizado hasta que se cierre el procedimiento militar que permanece abierto.
Serrano remarca que en su denuncia pública “no hay sed de venganza”, sino un intento de “abrir el camino” a toda persona que quiera luchar contra la corrupción en nuestro país.
