Algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo acudieron a acciones de tutela con el propósito de exigirle al Gobierno nacional el pago de sus salarios.
El 3 de septiembre de 2024, Infobae Colombia conoció una denuncia de algunas organizaciones sindicales en las que afirmaron que desde la cartera del Trabajo siguen “violando gravemente los derechos laborales y sindicales en la cartera que lidera la Ministra Gloria Inés Ramírez, situación alarmante que evidencia el profundo deterioro de las relaciones laborales dentro del Ministerio; todos los trabajadores”.
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“Con correo electrónico y desprendible en mano denuncian que, a pesar de haber reanudado sus actividades, aún no reciben un solo peso”, conoció este medio.
Asimismo, Semana reveló tres casos de funcionarias del Ministerio del Trabajo, las cuales tuvieron que acudir a las cortes para pedir el pago de sus respectivos salarios. Las tres mujeres hacen parte de los sindicatos que participaron en la huelga.
Maylie Contreras, vicepresidenta de la organización sindical Sintramérito, manifestó al citado medio lo siguiente: “A partir de junio empezaron los inconvenientes, porque empezaron a pagar la nómina de manera selectiva. Hemos tratado de averiguar cuáles fueron los argumentos jurídicos de la ordenadora del gasto para ordenar el pago de esa manera, pero los derechos de petición que pasamos nos los responden diciendo que tienen datos sensibles”.
El miércoles 31 de julio de 2024, los trabajadores de nueve organizaciones sindicales del Ministerio de Trabajo suspendieron la huelga que inició desde el 31 de mayo. De acuerdo con las organizaciones, esta decisión fue por falta de garantías y una nula voluntad de diálogo por parte de la cartera.
Por tal motivo, Contreras aseguró que “hay algunos compañeros que no tienen pagos desde junio, entre esas estoy yo, que no me pagaron ni la prima, ni julio. En mi caso tuvo que fallar un tribunal en segunda instancia, pero una semana después del fallo no me han pagado (…) Esto es por la huelga, por represalias que ellos están tomando. En su afán de hacernos daño como trabajadores, están cometiendo errores”.
Maritza Manrique también se refirió a lo sucedido con el Ministerio del Trabajo. La funcionaria precisó que hay una supuesta “persecución laboral”: “Al parecer la orden viene de secretaría general para no cancelarnos a los líderes sindicales el salario. No me han pagado la prima de junio, ni agosto, tampoco han cumplido las órdenes de las tutelas. Tenemos también el caso de una funcionaria que tiene dos hijos con discapacidad a la que no le pagaron julio”.
La otra persona es Leidy Cortés, quien afirmó que unos 700 trabajadores estarían perjudicados por la demora del pago, precisando que hay temor por parte de algunos funcionarios.
“En la respuesta que nos dan en la tutela nos dicen que no laboramos los meses de junio y julio y nos dicen que debemos firmar un acta, esa sería una autoincriminación. Ellos no quieren reconocer la legitimidad de la huelga que hicimos y ningún juez ha dicho que la huelga sea ilegal”, indicó Cortés citado medio.
Infobae Colombia conoció las declaraciones de Eliazar Falla, vocero del Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo.
“Hacemos esta denuncia pública. Los trabajadores del Ministerio del Trabajo no estamos recibiendo sueldo ni prestaciones sociales desde junio de este año. Es lamentable la situación por la que estamos pasando, pues no podemos llevar un solo plato de comida a nuestras familias, ni poder cubrir las necesidades de salud”, indicó Falla.
“Esta retención ilegal de salarios, junto con la falta de cumplimiento de los acuerdos laborales, no solo vulnera los derechos básicos de los trabajadores, sino que también constituye un acto de persecución sindical. Los empleados están siendo coaccionados a seguir trabajando bajo amenaza, sin el pago de sus salarios, en un claro intento de precarizar las relaciones laborales y silenciar cualquier tipo de resistencia”, concluyó Falla.
Semana reveló que al momento de consultar al Ministerio del Trabajo, el despacho respondió que el asunto era directamente con la Secretaría General, oficina encargada de gestionar el gasto.