(Composición Infobae: Andina / PUCP / Difusión)
Para un sector de la población peruana, el nombre Alberto Fujimori evoca sombras y cicatrices que aún no terminan de cerrarse. Lo recuerdan como el líder que, bajo el disfraz de la democracia, desmanteló las instituciones con su autogolpe de 1992. Su régimen es recordado por las violaciones a los derechos humanos, las esterilizaciones forzadas y la corrupción, representada por Vladimiro Montesinos.
Sin embargo, más de un detractor reconoce que su gobierno logró una relativa estabilidad económica que sacó al país de la hiperinflación, y que derrotó a Sendero Luminoso, devolviendo una sensación de seguridad a un país aterrorizado por la violencia.
Al margen de los juicios de valor y de los argumentos a favor o en contra del gobierno autoritario de Fujimori, lo cierto es que entre el 28 de julio de 1990 —fecha en la que juró como presidente de la República en el Congreso— y el 21 de noviembre de 2000 —día en que el Parlamento lo destituyó por “incapacidad moral permanente”— ocurrieron actos de corrupción, crímenes, tráfico de armas, malversación de fondos y graves violaciones a los derechos humanos, entre otros hechos que conmocionaron al país.
De estos actos mencionados, es pertinente centrarnos en los crímenes cometidos en Barrios Altos y La Cantuta, donde el expresidente fue hallado responsable. Como es sabido, en 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión, tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El juicio oral, que duró casi un año y medio, también estableció la responsabilidad del padre de Keiko Fujimori en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia, quienes estuvieron detenidos en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Respecto a la frase “autor mediato”, es pertinente indicar que se refiere a la persona que, sin ejecutar directamente el acto ilícito, lo lleva a cabo a través de otra persona, que actúa como un instrumento o intermediario. En el ámbito del derecho penal, el autor mediato tiene control sobre el hecho delictivo, ya que maneja o influye sobre el individuo que lo ejecuta.
Fujimori tenía control sobre el Servicio de Inteligencia Nacional, que dio órdenes de eliminar a civiles sospechosos de ser terroristas. Los crímenes cometidos en Barrios Altos y La Cantuta fueron perpetrados por miembros del Grupo Colina, un destacamento de inteligencia y escuadrón de la muerte del Ejército peruano.
La masacre de Barrios Altos y La Cantuta
El Grupo Colina, un escuadrón de la muerte del Perú, protagonizó dos de las masacres más brutales en la historia del país. Durante los años 90, en medio de la lucha contra el terrorismo en el país, estos sucesos conmocionaron a los peruanos.
El primer hecho ocurrió el 3 de noviembre de 1991, cuando seis individuos encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda ubicada en Barrios Altos, Lima, donde se celebraba una pollada. Ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Este acto resultó en la muerte de 15 personas, incluido un niño de 8 años, y dejó a otras cuatro severamente heridas.
Los atacantes, miembros del Grupo Colina, confundieron la fiesta con una reunión secreta de miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, según testimonios.
El segundo episodio conocido como el caso La Cantuta se produjo el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados de sus residencias en plena madrugada y posteriormente desaparecidos.
Poco tiempo después, los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas. Nuevamente, los responsables fueron identificados como integrantes del Grupo Colina.
Las operaciones del Grupo Colina derivaron en frecuentes actos de violencia indiscriminada, como el asalto a la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez, uno de los desaparecidos en La Cantuta. Con el tiempo, se dio a conocer que los cuerpos habían sido quemados, lo cual dificultó su identificación. Este ataque se vinculó a la respuesta al atentado terrorista de la calle Tarata en julio de 1992.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema catalogó estos actos como crímenes contra la Humanidad, enfatizando que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cometidos por el Grupo Colina violaban el Derecho Internacional Penal. Según este tribunal, el Grupo Colina tenía como objetivo eliminar a personas sindicadas por inteligencia de ser terroristas, misión que fue financiada por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
