Sumar ha presentado este lunes sus propuestas para negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el PSOE para 2025. Se trata de un documento con nueve bloques: derechos sociales; vivienda; reforma fiscal; recuperación del poder adquisitivo; política industrial; empleo público; transición ecológica; financiación autonómica y financiación local. Según ha defendido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, las medidas están centradas en “reducir la desigualdad en España” y recogen “la esencia” del acuerdo del Gobierno de coalición firmado en noviembre de 2023.
El partido destaca como una de sus propuestas estrella la prohibición temporal de la compra de pisos “para especular”. Según ha explicado Díaz, esto consiste en vetar la adquisición de vivienda en zonas tensionadas que no tenga como objetivo vivir en la propiedad comprada. “Lo vamos a hacer cumpliendo el mandato constitucional, respetando las competencias en los territorios que tienen derecho civil o foral propio”, ha aclarado la vicepresidenta segunda. El objetivo de esta medida es “bajar el precio de la vivienda”.
Además, el partido plantea cortar las ayudas públicas a la vivienda a las comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda; establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler y “acabar con los alquileres turísticos ilegales”.
Respecto a la reforma fiscal, Sumar propone actuar en diversos ámbitos. Una de las principales propuestas es modificar el IVA: incluirlo en la educación y los seguros sanitarios privados y reducirlo en productos y servicios básicos. Entre ellos, Díaz ha mencionado a las peluquerías, los veterinarios y los productos sin gluten, entre otros.
Por otra parte, Sumar continúa con sus propuestas de crear un impuesto de solidaridad a las “grandes herencias”, aquellas que descontando la vivienda habitual superen un millón de euros; hacer permanente el impuesto a las energéticas y a la banca y “aumentar” la tributación a las grandes empresas. También busca “eliminar los privilegios fiscales” de la Iglesia Católica, incluyendo la obligación de pagar el IBI.
En cuanto a los derechos sociales, el documento incluye una prestación universal por crianza con un importe de 200 euros mensuales para el periodo de edad entre los 0 y los 18 años y retribuir el permiso parental de cuidados, según exige una directiva europea. También contempla la ampliación de las prestaciones sanitarias en salud bucodental, así como implantación de un programa específico de ayudas directas para la compra de gafas y lentillas y la universalización de la educación en la etapa de 0 a 3 años.
La aprobación de los PGE de 2025 es incierta por la posible falta de apoyos en el Congreso. Debido a esto y al clima político de 2024, el Gobierno ya prorrogó los PGE de 2023, sobre los que ha ido efectuando modificaciones en las partidas para financiar medidas como el aumento de las pensiones conforme a los precios y la subida del sueldo de los funcionarios.
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