El Servicio Secreto se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que un hombre armado se pusiera a tiro del expresidente Trump por segunda vez en menos de 10 semanas el domingo 15 de septiembre, lo que aumenta la preocupación sobre si la agencia de protección de élite se estira demasiado en una nación políticamente polarizada donde muchas personas tienen fácil acceso a las armas.
“Gracias a Dios que el presidente está bien”, dijo el presidente Joe Biden el lunes a los periodistas. “Una cosa quiero dejar clara: el servicio necesita más ayuda”. Biden declinó dar detalles adicionales sobre las necesidades de la agencia, pero instó al Congreso a considerar aumentar la financiación de la agencia y permitirle contratar más personal.
La rápida actuación de los agentes del Servicio Secreto impidió probablemente que el incidente del domingo en Florida fuera a más, según las fuerzas del orden. Las autoridades detuvieron rápidamente a Ryan Wesley Routh y lo acusaron el lunes 16 de septiembre de dos delitos relacionados con armas de fuego en un tribunal federal de West Palm Beach, Florida.
Pero el último posible atentado contra la vida de Trump se produjo antes de que la agencia, el Congreso y otros organismos de supervisión hubieran completado su evaluación de los fallos de seguridad antes del intento de asesinato de Trump del 13 de julio en Pensilvania.
En ese incidente, un hombre armado con un arma de estilo AR subió a un tejado sin vigilancia y disparó varias veces en un mitin de campaña, matando a un asistente e hiriendo a otros, incluido Trump.
Se están llevando a cabo múltiples investigaciones federales sobre el ataque del 13 de julio, incluida una revisión de “garantía de misión” de 60 días por parte del Servicio Secreto, una investigación independiente ordenada por Biden y el Departamento de Seguridad Nacional que se espera que concluya a principios de octubre, así como las investigaciones del Congreso y del Inspector General del DHS, el organismo de control interno de la agencia.
El Servicio Secreto tiene previsto poner en marcha otra revisión de la misión de garantía del ataque del domingo, aunque todavía no ha publicado las conclusiones de su revisión interna del 13 de julio, dijo el portavoz de la agencia Anthony Guglielmi.
The Washington Post informó la semana pasada de que la revisión interna había confirmado fallos de seguridad que condujeron al intento de asesinato de julio, entre ellos que el servicio nunca dio instrucciones a la policía local para que asegurara el tejado del edificio utilizado por el pistolero. Funcionarios de la agencia dijeron que aumentaron el equipo y el personal para Trump y otros protegidos -más de 40 funcionarios y sus familiares- en respuesta al ataque.
En cambio, el Servicio Secreto recibió elogios por su gestión del incidente del domingo.
Mientras Trump jugaba al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, un avispado agente vio el cañón de una pistola que se asomaba a través de una valla metálica a la sombra de un árbol y abrió fuego, dando tiempo al equipo que acompañaba al ex presidente para ponerle a salvo.
El representante Bill Keating, un demócrata de Massachusetts que investigó la incapacidad del Gobierno para prevenir los atentados del maratón de Boston de 2013, dijo en una entrevista el lunes que el Congreso y otros deberían aumentar los recursos del Servicio Secreto y reforzar sus políticas y procedimientos para permitirle identificar y neutralizar más rápidamente las amenazas.
Dijo que los funcionarios deberían considerar la posibilidad de aumentar los recursos para proteger a personas como Trump basándose en los niveles de amenaza a los que se enfrentan, y no en si se trata de un presidente en ejercicio o sólo de un candidato al cargo.
Dijo que los legisladores también deberían considerar la posibilidad de deshacerse de algunas de las tareas de la agencia que no son de protección, como la investigación de algunos delitos financieros.
“El índice de aumento de la violencia está subiendo claramente”, afirmó Keating. En su opinión, el Congreso debería examinar urgentemente las necesidades y los recursos de la agencia, así como su estructura organizativa. “Con dos casos tan seguidos, puede que no tengamos tanta suerte en el futuro”, dijo.
El segundo ataque a Trump se produjo justo cuando el Servicio Secreto se prepara para uno de sus eventos más difíciles, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que atrae a decenas de líderes mundiales a Nueva York, entre ellos el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Y la campaña presidencial está en pleno apogeo, a menos de dos meses de las elecciones de noviembre. Se espera que Trump se reúna el lunes con el director en funciones del Servicio Secreto. El lunes por la noche, Trump tiene previsto presentar un nuevo negocio de criptodivisas. La vicepresidenta Kamala Harris tiene previsto reunirse con la Hermandad Internacional de Camioneros, sindicato que no ha respaldado a ningún candidato presidencial.
Múltiples congresistas demócratas han pedido aumentar la financiación del Servicio Secreto en las semanas transcurridas desde el atentado del 13 de julio contra Trump.
“Tenemos un presidente en ejercicio, un ex presidente en campaña, un vicepresidente que es candidato presidencial, y tenemos a todas sus familias, por no mencionar a todos los candidatos a la vicepresidencia”, declaró el lunes en Fox News el representante demócrata de Colorado, Jason Crow, miembro de la comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que investiga el intento de asesinato del 13 de julio.
“El Servicio Secreto nos dijo muy claramente la semana pasada que están en números rojos. Están trabajando horas extras, más de la cuenta, el doble de horas extras. Esta gente está agotada, necesitan nuevos recursos. Necesitamos conseguirles ayuda para que puedan hacer el trabajo que los estadounidenses, la gente espera que hagan”.
Pero los republicanos de la Cámara han obstaculizado constantemente la financiación adicional para el Servicio Secreto durante el año pasado, ya que un bloque de derecha de la conferencia del GOP se ha rebelado contra los proyectos de ley de financiación que han argumentado que se han inclinado hacia las prioridades demócratas.
“El presidente Trump necesita la mayor cobertura que nadie”, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en Fox & Friends. “Estamos exigiendo en la Cámara que él tenga todos los recursos disponibles, y pondremos más a su disposición, si es necesario”. “No creo que sea una cuestión de financiación”, añadió Johnson.
En cambio, el Partido Republicano de la Cámara de Representantes ha centrado sus críticas en el DHS, criticando a la agencia por retrasar la publicación de un informe del inspector general relacionado con sus fallos antes y durante el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Si el informe se hubiera publicado antes, han argumentado los republicanos, podría haber proporcionado información sobre las deficiencias del Servicio Secreto antes del intento de asesinato contra Trump en Butler, Pensilvania.
El representante republicano de Nueva York, Michael Lawler, es uno de los pocos republicanos de la Cámara de Representantes que ha sugerido públicamente que el Servicio Secreto podría necesitar más fondos.
Aunque no especificó cuánto dinero podría ser necesario, es coautor de un proyecto de ley con el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres que pide que el Servicio Secreto aumente el número de agentes que protegen a los candidatos presidenciales y permite la asignación de dinero “necesario para llevar a cabo” el cambio.
Los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrentan este mes a una decisión clave sobre la financiación del Servicio Secreto.
En las últimas semanas, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca instó a los legisladores a garantizar que la agencia de protección disponga de dinero suficiente para garantizar la seguridad de los Eventos Nacionales Especiales de Seguridad, como la inauguración presidencial, y proteger a Trump y Harris durante el resto de las elecciones.
El Congreso debe aprobar un proyecto de ley de financiación del gobierno antes del 1 de octubre para evitar un cierre del gobierno.
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