La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cladera, ha recordado este martes, durante el pleno del Parlament balear, al Gobierno de España, “su obligación de garantizar el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, teniendo cuidado de las especiales circunstancias de los territorios en los que los flujos migratorios tienen especial incidencia”.
Cirer se ha pronunciado de este modo en respuesta a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien le ha preguntado por las medidas concretas que está implementando su Conselleria para dar cumplimiento a la Ley de Extranjería.
“Según el artículo 2 bis de la Ley de Extranjería, y de conformidad con el artículo 149.1 segundo de la Constitución, corresponde al Gobierno la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las autonomías y entidades locales”, ha explicado la consellera.
“Asimismo”, ha añadido, “corresponde a la comunidad autónoma ejercer estas competencias con respeto a los principios de coordinación definidas por la Unión Europea, de integración social de los inmigrantes, la igualdad efectividad entre hombre y mujeres, y de efectividad en el principio de no discriminación, así como a las leyes que reconocen a todas las personas”. “Esto es a lo que estamos obligados y hacemos por ejercer nuestras competencias”, ha subrayado.
