Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamaron a la Cámara Federal porteña que se ordene la indagatoria y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
El planteo del Ministerio Público Fiscal fue consecuencia de un pedido de las víctimas que denunciaron estos crímenes en la Argentina bajo el principio de justicia universal. Seis venezolanos contaron en la audiencia los tormentos sufridos. Y uno de ellos sorprendió: era un fiscal venezolano cuyo testimonio sirvió poner en jaque la idea que estos crímenes debían ser castigados en su país de origen.
Fue una audiencia diferente: hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno Nacional de Javier Milei, estuvo presente para escuchar lo que se allí iba a decirse. Junto a las víctimas también estaba sentado Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño y uno de los impulsores de esta denuncia. Entre el auditorio también se acercaron el diputado del PRO Fernando Iglesias y la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre.
Precisamente por la cantidad de participantes en el debate los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de Cámara Federal porteño, tuvieron que hacer la reunión en uno de los salones de la planta baja previstos para juicios orales. Pese a la convocatoria mediática para cubrir la reunión, los jueces ordenar que no se podía tomar fotos de las víctimas: muchas de ellas tienen reservada la identidad porque temen las represalias. Aun así, algunos de los presentes quisieron hablar directamente a los jueces para relatar lo vivido en Venezuela durante el régimen de Maduro, agradecerle al país por darles refugio y reclamar que, desde aquí, se haga justicia.
Por eso sobresalió el testimonio de un fiscal que investigó los crímenes ocurridos en manifestaciones a estudiantes y que, a través de su investigación, pudo determinar que los agentes policiales a los que acusaban habían en realidad cumplido órdenes. Cuando quiso apuntar a la cadena de mandos, fue secuestrado ilegalmente y torturado. Finalmente pudo salir del país y buscar refugio en la Argentina. Hasta ahora, nunca había declarado ante la justicia argentina pero fue a Comodoro Py a decir expresamente por qué la justicia venezolana no iba a investigar lo que sucedía allí y pedía a los tribunales argentinas que hicieran algo.
El abogado Tomás Farini Duggan -representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región FADER, encabezado por Wolff- repasó los términos de la investigación y reclamó la declaración indagatoria y la captura internacional de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Entre esos hechos se incluyeron la desaparición de Rocío San Miguel, y los vejámenes y ejecuciones que tuvieron lugar en el marco de las convulsionadas elecciones que tuvieron lugar en agosto pasado en Venezuela, donde la oposición y distintos países denunciaron el fraude electoral para que Maduro pudiera seguir en el poder.
El juez Sebastián Ramos había rechazado el pedido por entender que todavía no se habían completado las medidas ordenadas cuando la Cámara Federal abrió la investigación en los tribunales de Comodoro Py bajo justicia universal. Pero la querella apeló al entender que no hace falta completar todas las diligencias y que algunas incluso tampoco podrán llevarse adelante. Entre ellas mencionaron los exhortos enviados a la propia Venezuela que, descuentan, no serán contestados.
“La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que lo responsables de la peor dictadura cívico militar han transformado a Venezuela en un centro de torturas”, dijo Farini Duggan a los jueces, al reclamar que todas las denuncias sigan encuadradas en una misma investigación central. “Se trata de un plan sistemático de un gobierno que busca perpetuarse en el poder bajo una forma de dictadura cívico-militar y comete crímenes de lesa humanidad” -dijo-. Todo se ordena desde las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro”.
Junto a Stornelli -que lleva la causa en instrucción- el fiscal ante la Cámara Agüero Iturbe acompañó el planteo de la querella. Hubo un detalle: en la sala de audiencias también estuvo presente el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, dejando en claro el acompañamiento de las máximas autoridades del Ministerio Público en le pedido.
El fiscal reclamó avanzar con la convocatoria de la indagatoria y se dispongan todas las medidas cautelares urgentes como es la captura internacional de Maduro y Diosdado Cabello, junto a los otros investigados. Se trata de un total de 33 personas entre los cuales están desde jefes de la Guardia Nacional Bolivariana hasta militares del Estado Mayor de los destacamentos investigados.
El principio de Jurisdicción Universal puede definirse como un principio jurídico que permite o exige a un estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde estos hayan sido cometidos, y de la nacionalidad del autor o de las víctimas.
La causa contra Maduro en Argentina
Hace un año, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py. Entre otras medidas, el fiscal pidió informes a jueces y fiscales de ese país, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, señalaba la denuncia, que agregaba evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición.
Al impulsar la investigación, Stornelli imputó a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”.
Esa causa, que recibió el juez Sebastián Ramos, se anexó a otras que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita ya había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países, entre ellos Mauricio Macri, junto con Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
El juez Ramos dispuso el archivo de esas actuaciones y ordenó remitir el expediente, con el testimonio de las víctimas, a la Corte Penal Internacional, donde ya existe un expediente abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la posición que tuvo Argentina en esa denuncia.
Pero un grupo de víctimas apeló y sostuvo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación” y porque la actuación del fiscal Pollicita se vio “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero” pasado. A eso le sumaron otros casos que incluyeron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, hechos que “la CPI probablemente no investiga”. Las apelaciones estuvieron en manos del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), ligada a Waldo Wolff (hoy ministro de Seguridad porteño) y del abogado Tomás Farini Duggan.
El 5 de abril pasado, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro: consideró que se tratan de delitos de “extrema gravedad” que obligan a actuar sin “dilación ni demora” para proteger a los “amplios sectores de la población civil”. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens instaron a llevar adelante todas las diligencias que impulsó el fiscal Carlos Stornelli “con celeridad” por entenderlas “imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”.
Y motorizaron (“en caso de hallarse reunidos los requisitos legales”) el llamado a indagatoria a los imputados. Uno de los votos, el del juez Llorens, planteó incluso que en la causa se deben disponer “todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.
En el expediente constan tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.
El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.
Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.
El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas. Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.
Pero más allá de los informes la audiencia ante los jueces de la Cámara Federal sirvió para escuchar en vivo y en directo a las víctimas. Todas relataron abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y afirmaron que tuvieron que escaparse del país porque su vida estaba en riesgo.
Los jueces escucharon con atención cada uno de los relatados. “Vamos a estar resolviendo a la brevedad”, dijo el juez Bertuzzi, al levantar la audiencia.
