La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este jueves una proposición no de ley, registrada por Sumar, que propone al Gobierno la exhumación de dos almirantes vinculados a la “desbandá” o la masacre de la carretara Málaga-Almería y que participaron en la represión llevada a cabo durante la dictadura franquista.
Se trata de Juan Cervera y Francisco Moreno, cuyos restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, ubicado dentro del recinto denominado Población Civil de San Carlos, junto a la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando (Cádiz), con acceso al público general. En su texto, registrado en junio de este año, también pedían la exhumación del almirante Salvador Moreno, que fue exhumado en agosto.
Sumar resalta que los tres almirantes fueron partícipes de la sublevación militar de 1936 y el régimen franquista, implicados directamente en el golpe del general Emilio Mola, dirigiendo la rebelión en la Base Naval y el Arsenal de Ferrol y participaron en la represión “indiscriminada” y directamente en los crímenes de guerra cometidos al ocupar lo más altos cargos de la marina de guerra franquista.
“Debemos tener en cuenta que las carreras profesionales de estos militares parten de un comportamiento desleal e ilícito, de su traición a la legalidad republicana”, denuncia Sumar. “Es decir, parten de la máxima vergüenza que puede perpetrar un militar: quebrantar su promesa o juramento de acatar las leyes, en este aso promesa de fidelidad a la República para defenderla y servirla bien”, agregan los de Yolanda Díaz.
CUMPLIR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
En su texto, Sumar también pide “hacer efectiva la inmediata retirada” del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando de Cádiz de cualquier elemento contrario a la memoria democrática, especialmente en los que se realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, sus dirigentes y participantes del sistema represivo u organizaciones que sustentaron la dictadura,, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias nazis y fascistas de la Segunda Guerra Mundial.
Para apoyar su petición, Sumar recuerda que la Ley de Memoria Histórica establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas oportunas para la retirada de aquellos símbolos contrarios a la memoria democrática. Además, cita el artículo 38 de la norma, que dispone que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, “por lo que no resulta ni legal ni moralmente aceptable que tales restos, ni sus lápidas y símbolos, continúen en el panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.
