Piedad Zuccardi, exsenadora del Partido de la U, deberá enfrentar las acusaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió rechazar su solicitud de sometimiento, argumentando que los aportes de Zuccardi a la verdad no eran adecuados ni aptos para la jurisdicción transicional, según informó el documento del tribunal de paz.
Este fallo implica que el proceso en su contra seguirá su curso habitual ante la instancia judicial mencionada.
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La parapolítica hace referencia a la supuesta colaboración de ciertos políticos con grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia. Piedad Zuccardi había solicitado que su caso fuera trasladado a la JEP, con el argumento de que, debido a su extensa carrera como senadora, la justicia transicional debía encargarse de su situación, alega su defensa.
Según lo informado, la JEP realizó una revisión exhaustiva de los aportes de Zuccardi a la verdad y concluyó que no cumplían con los requisitos para ser admitidos en su jurisdicción. Este desenlace ha determinado que la Corte Suprema de Justicia continúe investigando el caso, en línea con los procedimientos judiciales convencionales.
A pesar de las acusaciones, Piedad Zuccardi todavía goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva sea dictada. En este escenario, la Corte Suprema se encargará de esclarecer los hechos relacionados con la parapolítica y su implicación en ellos.
El anuncio reafirma la postura de la JEP de asumir únicamente casos que contribuyan de manera sustancial a la construcción de la verdad y la reconciliación en el marco de la justicia transicional en Colombia.
La complejidad de los vínculos entre política y conflicto armado sigue siendo un desafío para las instituciones judiciales del país, buscando siempre arrojar luz sobre los episodios oscuros de la historia reciente.
El caso de Zuccardi
En Sincelejo, Sucre, en 1952 nació Piedad Zuccardi de García, actualmente bajo investigación por su presunta relación con grupos paramilitares. Esta situación ha marcado su trayectoria política, especialmente desde junio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia comenzó a cuestionar sus posibles vínculos con el paramilitarismo, motivada por las declaraciones del exjefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino.
Zuccardi, quien contrajo matrimonio a los 20 años con el empresario Juan José García Romero y se radicó en Cartagena, ha vivido un camino intrincado en la política. En medio de las investigaciones en su contra, Zuccardi fue detenida el 24 de febrero del 2013 en el Centro de Estudios de la Policía en Bogotá.
Ella ha defendido su inocencia, afirmando que los testimonios en su contra provienen de personas indirectas o de oídas, insistiendo en que no existen pruebas concretas de alianzas con las autodefensas. Además, argumenta que las reuniones que mantuvo con líderes paramilitares formaron parte de los procesos de paz de la era Uribe y fueron debidamente autorizadas. Asimismo, denuncia que la información en los medios ha sido manipulada, y se considera víctima de juicios paralelos que pretenden vincularla con acuerdos ilegales.
El nombre de Piedad Zuccardi comenzó a resonar fuertemente cuando, estalló el escándalo de los narcocasetes, en donde se nombró a su cuñado, Álvaro García. Este último se perfiló rápidamente como el líder liberal en Sucre durante los años 80. En contraste, su esposo, Juan José García, fue elegido senador por Bolívar en 1982 y ocupó su escaño durante cuatro períodos.
De hecho, fue a mediados de los años 90 cuando comenzaron las dudas. En el momento en que se supo de los narcocasetes, la mención de ‘El Gordo García’ en una de las conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Rodríguez Orejuela, enfocó los reflectores en Álvaro García. Sin embargo, el que resultó investigado y absuelto fue su hermano Juan José. Aún así, debido a un proceso en su contra por malversación de auxilios parlamentarios, decidió dejar la política. Fue entonces cuando su esposa Piedad Zuccardi entró a reemplazarlo.
Piedad Zuccardi fue una figura política clave para la reelección de Álvaro Uribe en 2006. Aún así la decisión de investigarla se tomó tras analizar diversas pruebas y considerar que la exsenadora representaba un riesgo para la sociedad, lo que llevó a decretar medida de aseguramiento en su contra.
La trayectoria política de Zuccardi, iniciada en 1998 con su llegada al Senado, se fortaleció cuando se unió al Partido de la U y se convirtió en aliada de Uribe en la región del Caribe. Para 2010, alcanzó uno de los mayores niveles de votación en el Senado con 75.450 votos. Sin embargo, desde entonces surgieron rumores de sus posibles conexiones con la parapolítica. En marzo de 2012, fue escuchada en versión libre tras recopilarse diversos testimonios, pero la Procuraduría pidió a la Corte que no la investigara, alegando falta de pruebas suficientes. A pesar de esto, la Corte continuó la indagación, encontrando elementos para proceder.
Las acusaciones contra Zuccardi provienen, en gran parte, de testimonios de paramilitares como Ernesto Báez y Diego Vecino, quienes señalaron reuniones clave donde se discutieron apoyos electorales. Uno de estos encuentros estaría relacionado con la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar en 2003, supuestamente financiada por su esposo, Juan José García. Húber Bánquez, alias Juancho Dique, también declaró que García contribuyó económicamente a dicha campaña y que esto beneficiaba la elección de Zuccardi.
En 2003, la Corte Suprema expresó que Juan José García y Zuccardi estuvieron conectados a actividades de grupos paramilitares a través del apoyo a la campaña de López Cossio para la gobernación de Bolívar. Según la declaración de Húber Bánquez presentada en julio de 2009, García financió dicha campaña, facilitando así el proyecto de las autodefensas para asegurar la elección de Zuccardi. Además, el otro candidato era Libardo Simancas, a quien apoyaban Enilce López, alias La Gata, y Alfonso Ilsaca, conocido como El Turco.
Por su parte, Ernesto Báez, jefe paramilitar, indicó en sus testimonios que tuvo dos reuniones clave, una en Pueblito Mejía y otra en Ñanguma, donde se discutió el respaldo a la candidatura de López Cossio. Zuccardi, sin embargo, ha negado rotundamente su participación en tales reuniones, destacando su concentración en apoyar a Luis Guillermo Martínez en Cartagena durante su campaña de 2002.
Adicionalmente, en el proceso de investigación, surgieron referencias a otros encuentros en Los Manguitos y Casaloma en el municipio de Arjona, lugares donde se presume que Zuccardi tuvo interacciones con Carlos Castaño. La congresista ha sostenido que nunca asistió a estas reuniones y que las interacciones con Castaño eran de carácter institucional y llevadas a cabo en el marco de responsabilidades del Senado, de manera similar a encuentros con dirigentes del ELN en la cárcel de Itagüí.
La investigación también tocó el tema del congresista Javier Cáceres, sobre quien Zuccardi mencionó que ya estaba en la política cuando lo conoció y que no fue testigo de ninguna de sus reuniones con las autodefensas.
Zuccardi ha negado enfáticamente su participación en reuniones con paramilitares, afirmando que nunca asistió a los encuentros mencionados. Alega que ni ella ni su esposo han promovido o financiado grupos fuera de la ley.
El proceso ha incluido testimonios de testigos como Aleider Soto, alias El Primo, quien indicó que los medios han creado la percepción del vínculo entre Zuccardi y los paramilitares. La fase de pruebas terminó con cerca de 45 testimonios recogidos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.
Entre otros aspectos de su pasado político, en 2009, Zuccardi y otros congresistas afrontaron demandas por presunto tráfico de influencias en el proyecto reeleccionista, aunque fueron absueltos por el Consejo de Estado.
