La dictadura de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el fiscal chavista Tarek William Saab.
“Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina”, dijo Saab a medios venezolanos.
El anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en Argentina. Durante la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante: el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela.
Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, solicitó la declaración indagatoria y la captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Este pedido surge tras un repaso de los avances en la investigación.
(Presidencia de Argentina/)
Entre los crímenes denunciados, se destacó la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos y ejecuciones ocurridos durante las convulsionadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, tras el fraude cometido por el régimen chavista.
“La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que lo responsables de la peor dictadura cívico militar han transformado a Venezuela en un centro de torturas”, dijo Farini Duggan a los jueces argentinos, al reclamar que todas las denuncias sigan encuadradas en una misma investigación central.
“Se trata de un plan sistemático de un gobierno que busca perpetuarse en el poder bajo una forma de dictadura cívico-militar y comete crímenes de lesa humanidad. Todo se ordena desde las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro”, agregó.
Asilados en la embajada de Argentina en Caracas
Tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio, la dictadura de Maduro aumentó su asedio contra la disidencia venezolana. Entre las víctimas de esta persecución están los líderes opositores Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes se encuentran asilados en la embajada Argentina en Caracas, Venezuela.
Los opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía chavista los acusara de varios delitos, como “conspiración” y “traición a la patria”, entre otros.
A finales de julio, este grupo de opositores denunció que “funcionarios de seguridad del régimen” estaban a las afueras del lugar y buscaban “tomar esta sede diplomática”, lo que calificaron como una “grave violación al derecho internacional”.
Desde agosto, Brasil se ocupa de la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones.
Además de Perú y Argentina, la dictadura de Maduro también exigió a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro “inmediato” de sus representantes, en rechazo a sus “injerencistas” declaraciones sobre las presidenciales del 28 de julio.
