Las piezas del rompecabezas no encajan. 12 días después de la llegada a Madrid del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia para pedir asilo político, las incógnitas sobrevuelan las circunstancias de su salida. De hecho, las últimas novedades conocidas este jueves solo han contribuido a añadir más interrogantes al asunto, lo que pone contra las cuerdas al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su argumento de que “el Gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación política”.
La tormenta política se ha vuelto a desatar debido a las últimas revelaciones del propio candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sobre quien pesa una orden de detención tras las elecciones del 28 de julio (está acusado de instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y otros delitos por denunciar fraude en las elecciones).
El régimen chavista difundió un documento sellado por el dirigente opositor, en el que informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía “acatar” el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro. Más tarde, a esta información se le añadió una imagen del propio González firmando el documento ante la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, “con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, reveló González Urrutia con posterioridad.
En el marco de la salida del líder opositor, este también denunció que “hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones” antes de abandonar Caracas para llegar a Madrid. Estas revelaciones, aunque no apuntan al Gobierno en ningún caso (González Urrutia aclaró en otro comunicado que no fue coaccionado por España), y la falta de precisión en las explicaciones arrojan dudas sobre el papel del Ejecutivo español, ya que la salida se gestionó durante la estancia de González Urrutia en la sede diplomática en la capital venezolana.
Muchas dudas y pocas certezas
De hecho, la oposición española también ha puesto en la diana al embajador Ramón Santos porque también estuvo presente en la firma del documento junto a los altos cargos del régimen chavista. Albares insistió en que el diplomático “no tuvo nada que ver”, y se limitó a señalar que su coincidencia en el lugar se debió a que “compartían espacio físico” al tratarse de la residencia de Santos. Y, en todo caso, Exteriores tampoco ha dado explicaciones sobre si el ministro y el presidente del Gobierno eran conocedores de esta coacción.
Otra de las cuestiones que han salido a la palestra en las últimas horas es la mera presencia de Delcy Rodríguez en la embajada española (las embajadas y consulados forman parte integrante del territorio español), a pesar de que tiene prohibido pisar suelo europeo desde 2018. La dirigente venezolana fue incluida en la lista de sancionados de este país al entender que “ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para atacar a la oposición e impedir que formen parte del proceso político”, tal como establece una resolución del Consejo de la Unión Europea.
Al respecto, y a pesar de que la sede diplomática es la máxima representación legal de España en Venezuela, Albares se escudó en que el embajador de España tenía “instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González” para poder “hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara”, de modo que la decisión que tomara “fuera la que él realmente quisiera”.
Por otro lado, aunque hay informaciones que apuntan a que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participó en la operación para sacar al líder opositor, Exteriores sigue sin desvelar su papel, un manto de silencio que impera en la actuación del propio exmandatario, fuera del foco desde hace meses.
El PP pide la dimisión de Albares y el reemplazo del embajador en Caracas
Por todo ello, el PP ha elevado su ofensiva contra el Gobierno, que se suma a las acciones empleadas en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo. Los del Alberto Núñez Feijóo han redirigido el tiro contra el embajador, que “debe ser reemplazado”, y el ministro de Exteriores, quien debe “presentar su dimisión”.
“¿Se imagina que dos altos cargos de una dictadura entraran en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza que esta coacción se hiciera con el conocimiento del presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores?”, se preguntó el líder del PP desde Roma. Asimismo, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar implicado “como cooperador necesario” en el “golpe de Estado que se ha producido en Venezuela” y señaló al expresidente Zapatero como el “gran urdidor” de la operación.
Ante estas peticiones, Albares exigió a Feijóo que “desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y acusa a España de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriosas para nuestro país”. Si bien, sus limitadas explicaciones (además de echar balones fuera) siguen sin despejar las incógnitas que ensombrecen el papel de España en la gestión de la salida del líder opositor, quedando cada vez más cercado por la oposición.
