El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la recta final de su mandato, con menos de dos semanas restantes. Sin embargo, esto no le impide presentar nuevos decretos. Uno de los más recientes, que se ha enviado a la Cámara de Diputados, busca beneficiar económicamente a las empresas militares.
Este decreto propone que los ingresos generados por el Derecho de No Residente (DNR) se destinen directamente a las entidades paraestatales bajo la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Qué es el Derecho de No Residente?
El Derecho de No Residente es una tarifa que se aplica a los turistas extranjeros que permanecen en México por más de siete días sin un permiso para trabajar. Este cobro, que actualmente asciende a aproximadamente 717 pesos, se impone a quienes llegan al país por vía aérea, terrestre o marítima.
Propuestas del nuevo decreto
La iniciativa presentada por AMLO sugiere que los fondos recaudados ya no se utilicen para proyectos como el Tren Maya. En su lugar, se propone que estos recursos financien los proyectos de las Empresas Militares, que están organizadas bajo el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM). Actualmente, los ingresos del DNR se destinan al desarrollo del Tren Maya, aunque su uso efectivo ha sido cuestionado, lo que ha derivado en una falta de promoción turística adecuada.
El gobierno estima que este año se recibirán más de 44 millones de turistas internacionales, lo que podría generar alrededor de 31 mil 800 millones de pesos que alimentarían las finanzas militares.
El papel del Ejército en el gobierno de AMLO
Durante la administración de López Obrador, el Ejército ha expandido su función más allá de la defensa nacional, involucrándose en la planificación y construcción de proyectos multimillonarios. Esto incluye obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Olmeca y el Tren Maya, cuyos contratos han sido mantenidos en reserva por el gobierno.
A estos proyectos se suman la gestión de al menos 20 aeropuertos por parte de las fuerzas armadas, así como diversas estaciones de combustible. Además, se han transferido activos estratégicos como aerolíneas y puertos a la administración militar.
Sin embargo, el Ejército enfrenta desafíos tanto en la contratación del personal necesario como en la obtención de recursos para sostener estas unidades de negocio, lo que podría complicar la carga financiera que la nueva administración de Claudia Sheinbaum deberá asumir.
