José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá por la coalición del Pacto Histórico, convocó a los residentes del barrio Paulo VI a participar en un plebiscito el próximo 29 de septiembre. La consulta buscará determinar si la comunidad está de acuerdo con la implementación de las Zonas de Parqueo Pago en vía dentro del barrio.
Desde enero de 2024, Cuesta Novoa ha liderado una campaña junto con la comunidad de Paulo VI en contra de lo que consideran un abuso por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transportes, pues según los residentes, estas entidades han transformado el uso del espacio público en un negocio distrital, lo que ha afectado de forma negativa sus derechos y el comercio local.
Por lo tanto, a lo largo de estos meses, el cabildante ha visitado los hogares del barrio invitando a los residentes de los sectores primero y segundo a participar en la toma de decisiones, dado que la principal queja de la comunidad ha sido que las Zonas de Parqueo Pago fueron impuestas sin una consulta previa, lo que generó un impacto adverso, tanto en la vida cotidiana de los habitantes, como en la economía del barrio.
Para formalizar la oposición, Cuesta Novoa recurrirá a los mecanismos de la Ley 134 y la Ley 1757 que permiten convocar a un plebiscito, que se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. del 29 de septiembre y en el que se espera responder a la pregunta: “¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con la implementación del modelo de parqueo pago en vía dentro de Paulo VI?”.
Los problemas con las zonas de parqueo pago en Bogotá
El 23 de julio de 2024, el concejal Juan David Quintero, de la coalición Nuevo Liberalismo – En Marcha, denunció distintas irregularidades y una gestión “preocupante” de los recursos en los servicios de estacionamiento administrados por la Terminal de Transporte de Bogotá S.A., un contrato originado durante la administración de Claudia López.
Quintero respaldó sus denuncias con un documento fruto de una investigación realizada por su equipo de trabajo desde noviembre de 2021, cuando la Terminal de Bogotá empezó a operar las Zonas de Parqueo Pago en áreas autorizadas por la Alcaldía Mayor para el estacionamiento en vías públicas.
Según el concejal, hay múltiples deficiencias en el servicio.“Desde la administración de Claudia López, se contrató directamente a la Terminal sin evaluar su capacidad e idoneidad para brindar este servicio”, expresó el concejal.
Un aspecto crítico señalado por Quintero fue el costo de operación del sistema, dado que reportó que de cada $100 pesos que un ciudadano paga por el uso de estas zonas de parqueo, la Terminal de Transporte de Bogotá asegura $10 pesos de utilidad, $52,4 pesos se destinan a la operación del sistema, $7,8 pesos al mantenimiento de la malla vial y $29,8 pesos para financiar el déficit del Sistema de Transporte de Bogotá: “¡Es muy costoso y no es negocio!”, subrayó el concejal.
El contrato, que según Quintero “debe suspenderse de inmediato”, fue estructurado de manera que la Terminal de Transporte de Bogotá actuara como intermediaria, subcontratando a Terminales de Transporte de Medellín y a la empresa ETB para la operación del servicio. “Nos hicieron la jugadita! La Administración de Claudia López creó un modelo de ‘Zonas de Parqueo’ a dedo, ineficiente y con el que ganan por todos lados”, destacó Quintero.
Además, el concejal manifestó su preocupación sobre la administración de los estacionamientos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (Dadep), cuya gestión fue entregada a la Terminal en el segundo semestre de 2019.
Actualmente, esta entidad opera 31 estacionamientos en la ciudad y, según Quintero, estos se encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento, lo cual ha disminuido los ingresos hasta en un 82% respecto a la administración privada de años anteriores.
Desde el equipo de trabajo de Quintero se denunció que “la ineficiencia de la entidad se vislumbra en los parqueaderos públicos, que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento”, una situación que contrasta con la administración previa en concesión durante 2017 y 2018, en la que los ingresos fueron superiores a los de 2023.
En cuanto a la estrategia adoptada por la administración de Claudia López, Quintero explicó que el contrato para las Zonas de Parqueo Pago lo amarraron a un periodo de diez años, lo cual considera un plazo excesivo y contraproducente para los intereses de la ciudad: “Lo que comenzó como un piloto terminó en un contrato a 10 años, ¡Nos dejaron amarrada la ciudad con un pésimo negocio!”.
