La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa en 1974. El fallo estuvo en línea con la solicitud del titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, Carlos Amad, quien encuadró el caso como un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo a las actuaciones, los párrocos Núñez y Testa eran, en los albores de la década del 70, miembros activos del Movimiento Rural Católico y posteriormente formaron parte de la creación de las Ligas Agrarias, una organización de campesinos y pequeños productores rurales que surgió en la región nordeste de Argentina con fuertes reivindicaciones sociales.
La detención de los sacerdotes se produjo el 14 de abril de 1974. Ambos religiosos, responsables de las parroquias de Quitilipi y Machagai, fueron arrestados por la Policía del Chaco y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña. Para el fiscal Amad, acompañado por los auxiliares Diego Vigay y Horacio Rodríguez, una vez en la alcaidía recibieron torturas durante varios días por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, compuesta por el jefe Carlos Alcides Thomas, el subjefe Wenceslao Ceniquel, el agente José María Cardozo y el suboficial Manader, quien resultó ser el único con vida de ese grupo.
Según publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la jueza Niremperger basó el procesamiento con prisión preventiva en una extensa reconstrucción de los hechos, que incluyó los dichos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos de la época y testimonios de religiosas y laicas que presenciaron o tuvieron conocimiento de los sucesos. También se apoyó en documentación judicial y médica de aquellos años. La magistrada subrayó que “los relatos de los denunciantes, testigos y la documentación recolectada son coincidentes a los fines de corroborar la hipótesis delictiva”.
Según explicó, esos elementos probatorios permitieron establecer que ambos sacerdotes “fueron privados de su libertad” y que “presentaban lesiones producto de los reiterados golpes padecidos en las dependencias policiales de Sáenz Peña”.
“Advierto sobrados elementos que exponen la participación activa de Gabino Manader como parte del grupo de tareas que operaba en la Dirección de Investigaciones donde se desplegaba realizando operativos en diversas localidades del territorio provincial”, expresó la jueza, y precisó que los testimonios daban cuenta de que los agresores fueron “cuatro o cinco personas de civil, que a su vez eran personal de la Brigada de Investigaciones”.
La acusación subsumió los hechos dentro de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben con el paso del tiempo. Con la posterior validación de la jueza, vinculó las aprehensiones y las torturas con la ligazón de los religiosos al movimiento de las Ligas Agrarias.
Joaquín Núñez, uno de los sacerdotes torturados, pertenecía a la Orden de los Franciscanos. Tras su detención en 1974, estuvo privado de su libertad durante cinco años. Pasó por diversas cárceles, incluyendo la Alcaidía Policial de Resistencia, los penales federales de Rawson y Devoto, y una prisión en La Plata. Después de su liberación, en 1986, fundó la Parroquia de Caacupé en el barrio de Bella Vista de Rosario, donde realizó un intenso trabajo social. Falleció hace pocos meses a los 82 años en un hogar de la congregación Franciscana.
En tanto, Gianfranco Testa, de nacionalidad italiana, pertenecía a la Orden Los Misioneros de la Consolata. Fue detenido en la misma redada que Núñez, y estuvo encarcelado en la Alcaidía de Resistencia y en la cárcel federal de la misma ciudad. En 1978 fue expulsado del país por las autoridades militares debido a su nacionalidad. Luego de su exilio, ejerció el sacerdocio en Nicaragua y Colombia, y actualmente reside en Italia.
Este caso no es el primero en el que se juzgan crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión a las Ligas Agrarias. El 25 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a cuatro expolicías y exmilitares por crímenes perpetrados durante la última dictadura militar en la provincia del Chaco. Entre los condenados, el tribunal impuso la pena de prisión perpetua al exteniente coronel del Ejército Tadeo Bettolli, por el homicidio del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, y al exagente policial Alcides Sanferraiter, por el asesinato con “alevosía” del militante rural Carlos Picolli.
En ese mismo fallo, los ex comisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky fueron condenados a penas de 4 y 18 años de prisión, respectivamente, por los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y tormentos, informó en su portal el MPF.
Esa sentencia condenatoria reseñó dentro de sus fundamentos el papel que desempeñó el movimiento rural durante esa época en el país: “Las Ligas Agrarias (…) se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente. Las Ligas Agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos que, viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70 colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años”.
También hizo foco en las actividades de las fuerzas de seguridad y armadas en torno a la represión ilegal: “El Ejército Argentino, como parte de su pregonado ‘proceso de reorganización nacional’ (1976-1983) movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la Policía provincial, que por normativas de facto vigentes a la época les estaban subordinados. En lo que se conoció como lucha contra la subversión y en la persecución de los que consideraban elementos hostiles -de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de Ligas Agrarias-, se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes”.
Además del juicio oral de 2019, el tribunal de Resistencia ya había emitido condenas en otros expedientes, como los de la Masacre de Margarita Belén -2011- y las causas Caballero I -2010-, II -2018- y III -2021-. También el Tribunal Oral Federal de San Martín había culpado en 2021 a distintos militares pertenecientes al Batallón 601 por su participación en la causa denominada Contraofensiva, donde se juzgó las desapariciones de dirigentes de las Ligas Agrarias de Chaco, como Luis Alberto Fleitas, Hugo Vocouber y Armando Molina, todas ocurridas en 1980.
