El Ministerio del Interior se ha remitido al texto del acuerdo con EH Bildu para reformar de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida por su detractores como ‘ley mordaza’, para subrayar la legalidad de la aplicación de las devoluciones o rechazos en frontera, recordando el aval tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como del Tribunal Constitucional.
Según explican a Europa Press desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, el rechazo en frontera es una “actuación constitucional que respeta la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional”.
En este sentido, el Ministerio ha señalado que el acuerdo anunciado ayer por EH Bildu lo que hace es remitir este tema a la Ley de Extranjería para regular esta figura jurídica de las devoluciones. Será en esta norma, y no en la ‘ley mordaza’, “donde se le dará la redacción más adecuada tras un estudio detenido y riguroso que se llevará a cabo durante los seis meses posteriores a la aprobación de la nueva ley de seguridad ciudadana”, dicen desde Interior.
El acuerdo de PSOE y Sumar con EH Bildu se refiere al compromiso de incluir una nueva disposición en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que, dice textualmente, “deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional”.
“En consecuencia”, añade el acuerdo con EH Bildu, “la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión”.
DEVOLUCIONES EN LA FRONTERA CON MARRUECOS O BARAJAS
Las fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press se remiten de esta forma a la sentencia de febrero de 2020 en la que el TEDH, con sede en Estrasburgo, cambió de criterio para avalar las llamadas devoluciones en caliente en la frontera española, anulando su condena a España de 2017 por estas prácticas.
El Tribunal europeo consideró que los migrantes denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”, así como por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, de petición de asilo, por lo que el rechazo fue “consecuencia de su propia conducta”.
En la práctica, el Gobierno de Pedro Sánchez viene ejecutando estas devoluciones en frontera de forma habitual con Marruecos en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, así como con los inadmitidos que tratar de entrar en España por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como es el caso del grupo de saharauis que días atrás anunció un huelga de hambre en señal de protesta por el rechazo de las autoridades españolas.
En 2020, el Tribunal Constitucional también avaló la ‘ley mordaza’, incluido el retorno de los migrantes que accedían a España de forma irregular, y sólo declaró inconstitucional grabar sin autorización a las Fuerzas de Seguridad, rechazando las impugnaciones que formularon el PSOE y otros partidos.
Según la doctrina del Constitucional, “el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente la frontera terrestre”.
De esta forma, el Constitucional avalaba las actuaciones policiales para proceder a las devoluciones, “sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.
Es decir, subraya que dicho rechazo debía producirse con “garantías para las personas extranjeras según reconocen normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español”.
Desde Sumar y otros socios del Gobierno, de hecho, en donde se pone el foco es precisamente en la falta de medios para garantizar los trámites de entrada legal a España, ya que el Constitucional también advertía que España debía “prestar especial atención a personas vulnerables”, mencionando menores de edad, embarazadas o personas de edad avanzada.
LA NUEVA LEY SERÁ MODERNA Y CONSTITUCIONAL Desde que EH Bildu anunció el acuerdo para reformar la ‘ley mordaza’, desde el Ministerio del Interior han señalado que se trata de un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que forma parte del Plan de Acción por la Democracia. Además, ha prometido que la nueva norma será “moderna y alineada inequívocamente con los valores constitucionales”.
En todo caso, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha evitado entrar a valorar las críticas de sectores policiales y de grupos de la oposición por al acuerdo con EH Bildu, sobre todo por el punto que promete “terminar con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos”, así como por el artículo que rebaja las multas por desobediencia a la autoridad de graves a leves.
Según Interior, “el objetivo es contar con una ley moderna, alineada inequívocamente con los valores constitucionales”. En este sentido, se han remitido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para remarcar que “ahora es el momento de hablar con todos los grupos para impulsar la tramitación parlamentaria, si existe consenso para hacerlo”.
NEGOCIACIÓN TRAS LA FALLIDA DEROGACIÓN
El de las pelotas de goma fue el punto clave que impidió el acuerdo para reformar la ‘ley mordaza’ que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó a la contestación de sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil, que salieron a la calle al desconfiar de una modificación legislativa negociada con Bildu y ERC.
Bildu y ERC exigieron la eliminación de las pelotas de goma, emulando el acuerdo del Parlamento de Cataluña que restringe este material antidisturbio para los Mossos d’Esquadra, que han recurrido al ‘foam’. La Policía y la Guardia Civil sí pueden usar estas pelotas de goma en sus dispositivos, incluidos los desarrollados en esta comunidad autónoma.
“Se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos”, dice textualmente el acuerdo de Bildu con el PSOE y Sumar, que incluye también una disposición adicional que menciona el compromiso de las autoridades para “desarrollar protocolos específicos” sobre el uso de la fuerza para evitar “lesiones irreparables”.
