Más de 155,9 millones de electores están llamados a votar en Brasil para elegir en 5.569 municipios a sus alcaldes y concejales postulados por 29 partidos para los próximos cuatro años. Sólo 103 municipios podrán pasar a la segunda vuelta, el 27 de octubre, como exige la ley brasileña, por tener más de 200.000 habitantes.
Los comicios abrieron pasadas las 8, hora local.
La seguridad se reforzó en todo el país, especialmente en el estado de Rio de Janeiro, debido a la amenaza de influencia del crimen organizado en la votación. En 32 ciudades del estado de Rio se desplegó incluso el ejército. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, también ha prohibido a la Policía Federal de Carreteras (PRF) cualquier control en las rutas para evitar que se restrinja la circulación de los votantes. La portación de armas también está prohibida durante 48 horas para que los que voten -dijo el ministro- “estén libres de cualquier restricción”. Nueve estados, la mayoría del nordeste del país y de la región amazónica, entre ellos Acre y Pará, también han prohibido la venta de bebidas alcohólicas durante la apertura de los colegios electorales. El objetivo es evitar escenarios polarizados y violentos como los que vivió el país poco después de las elecciones presidenciales del 2022, cuando el 8 de enero de 2023 los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados por partidarios radicales de Bolsonaro.
Además, en los últimos días se registraron varios incidentes de intercambio de votos. El actual alcalde de Altaneira, en el estado nororiental de Ceará, Dariomar Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, el PT del presidente Lula, ha denunciado públicamente que algunos candidatos están ofreciendo 10 gramos de cocaína a cada votante a cambio de su voto. “Esto es un desastre para la sociedad”, dijo. La semana pasada, en sólo cinco días, la Policía Federal (PF) se incautó en Ceará de un total de 1,6 millones de reales en efectivo (292.088 dólares), sospechosos de ser utilizados para comprar votos. En João Pessoa, en el estado nororiental de Paraíba, Lauremília Lucena, esposa del actual alcalde y también candidato, Cícero Lucena, del Partido de los Progresistas (PP), fue detenida, según el sitio de noticias G1, acusada de participar en un plan con una facción criminal para influir en las elecciones.
En cuanto a la financiación electoral, un análisis del sitio de noticias Metrópoles reveló que más de mil beneficiarios del subsidio para los más vulnerables, el Bolsa Familia, donaron un total de 652.000 reales (119.026 dólares) a los candidatos, mientras que en el estado de San Pablo 35.000 candidatos declararon no haber recibido dinero para la campaña. Alrededor de 51 millones de reales (9,31 millones de dólares) fueron donados por un centenar de empresarios brasileños, en su mayoría del sector energético. Los principales beneficiados fueron el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSD) con 14,2 millones de reales (2,59 millones de dólares) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) con 7,5 millones de reales (1,37 millones de dólares), seguidos por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula con 6 millones de reales (1,1 millones de dólares) y el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro con 2,6 millones de reales (474.643 dólares). Tanto el PT como el PL también recibieron el mayor volumen de fondos públicos, 886,8 millones de reales (161,9 millones de dólares) para el PL y 619,8 millones de reales (113,15 millones de dólares) para el PT.
Uno de los aspectos más destacados de estas elecciones fue el papel del clima y el medio ambiente. La ONG de justicia climática y racial Nossas llegó a crear una plataforma partidaria firmada por organizaciones internacionales como Greenpeace y WWF para hablar de la emergencia climática. En ella, los candidatos interesados firmaron una lista de temas en los que prometían comprometerse, como el desarrollo de políticas para la transición energética, la protección del medio ambiente y la adaptación de las ciudades para reducir los desastres medioambientales. La idea básica es que los alcaldes y concejales desempeñen un papel decisivo en las cuestiones climáticas, tanto en la prevención, centrándose en temas relacionados como la movilidad urbana y la planificación urbanística, como en la gestión de emergencias.
Sin embargo, no han faltado las contradicciones. En una ciudad símbolo de la emergencia climática, Manaos, la capital del estado de Amazonas, sólo dos de los cinco candidatos a la alcaldía han elaborado propuestas para gestionar la grave sequía que afecta a toda la región. Hasta ahora, la gestión municipal de la ciudad, que se encuentra en estado de emergencia debido al drástico descenso del nivel de los ríos, ha sido considerada entre las peores del país en relación con su respuesta al cambio climático.
Además, según una investigación de BBC Brasil, al menos 2.800 candidatos, entre alcaldes, tenientes de alcalde y concejales municipales, han recibido multas por haber cometido infracciones medioambientales, algunas perpetradas en estados distintos de aquellos en los que se presentaron a las elecciones. Algunos de los multados incluso prometieron defender el medio ambiente en sus planes de gobierno, mientras que otros relajaron la legislación medioambiental local.
En cuanto al sur de Brasil, devastado por las inundaciones de mayo, los candidatos han propuesto en campaña soluciones como el dragado de los ríos, la limpieza para mantener o ampliar la profundidad de los canales, el traslado de viviendas y la creación de sistemas de alerta para que la gente pueda vivir en zonas de riesgo. Muchos investigadores científicos advirtieron contra este tipo de programa electoral, que en sus opiniones apela más al miedo de los votantes que a la comunicación de soluciones científicamente apropiadas y factibles.
Otro tema que surgió en las elecciones municipales de este año es el papel crucial de los municipios y, por tanto, de los alcaldes y concejales municipales en las fronteras del país, donde viven 11 millones de personas. Se trata de una zona que, con 588 municipios, representa el 16% del territorio nacional. Aquí, las necesidades locales tienen que contar con la política de los países vecinos, como es especialmente evidente en la frontera con Venezuela, en el estado de Roraima, donde el flujo de venezolanos que huyen ha aumentado desde que Maduro se autoproclamó presidente, con una media de 500 nuevas llegadas al día. En Pacaraima, ciudad simbólica por ser el primer punto de llegada de venezolanos a Brasil, la disputa electoral ha sido encarnizada. Pero los tres candidatos se centraron poco en los migrantes y sus necesidades —ya que no votan— y mucho en las comunidades indígenas locales, que representan la mitad de los votantes de este municipio de 20.000 habitantes. En esta tierra tan remota y con distancias a menudo difíciles de recorrer, el diario O Estado de São Paulo ha denunciado episodios de canje de votos en comunidades indígenas incluso con sacos de cemento para construir casas.
En cuanto a las grandes ciudades, en San Pablo, la capital financiera de Brasil, Lula y Bolsonaro, padrinos políticos respectivamente de Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL), y del actual alcalde, candidato a un segundo mandato, Ricardo Nunes, del MDB, han desertado en las últimas dos semanas de la campaña electoral. El miércoles, el presidente brasileño canceló un programa en directo por Internet con Boulos, al igual que la semana pasada canceló algunos paseos electorales por los suburbios de la ciudad. Según el sitio de noticias Gazeta do Povo, a pesar de que sus partidarios hablan de que una segunda vuelta con Boulos es segura, su entorno se mantiene cauteloso y ha expresado su descontento con la escasa presencia de Lula en San Pablo. En cuanto a Bolsonaro, no participó en los vídeos electorales previstos con Nunes, a quien hace unas semanas había calificado de no ser “el candidato de los sueños”. El alcalde asistió al mitin de Bolsonaro el 7 de septiembre, pero el expresidente no celebró ningún otro acto en la metrópolis, concentrado en la nueva candidatura de su hijo Carlos Bolsonaro, del PL, como concejal de Rio de Janeiro.
Aunque Bolsonaro y Lula se han mantenido alejados de la escena política en San Pablo, la campaña se ha polarizado, con el tercer candidato en las encuestas, Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), recibiendo incluso un sillazo en la cabeza durante un debate televisado por parte de su homólogo José Luiz Datena, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). No en vano, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cármen Lúcia, hizo un llamamiento antes de la votación para que las elecciones se desarrollen con “tranquilidad democrática y civismo responsable” y pidió a los votantes que no depositen en las urnas “resentimientos personales o ideológicos”.
En San Pablo, según los últimos sondeos, existe una alta probabilidad de que se produzca una segunda vuelta. Según el último sondeo de Datafolha, Boulos lidera con un 26% de las intenciones de voto, seguido de Nunes y Marçal, empatados con un 24%. En Rio de Janeiro, el enfrentamiento parece más desequilibrado y con pocas probabilidades de ir al balotaje. Siempre según Datafolha, el actual alcalde del PSD Eduardo Paes lidera con el 54%, seguido de Alexandre Ramagem, del PL de Bolsonaro, con el 22%. A nivel nacional, las encuestas también dicen que en las 103 ciudades de más de 200.000 habitantes, los candidatos apoyados por Bolsonaro tienen más intención de voto que los respaldados por Lula, 23 frente a 16. Esta es quizás la instantánea más interesante que el resultado de estas elecciones tomará de Brasil, mostrando la fortaleza o debilidad electoral de las dos principales fuerzas políticas del país, una prueba fundamental para las presidenciales de 2026.
