La guerra de Gaza entre Israel y Hamás que estalló el 7 de octubre de 2023 es el último episodio de un conflicto histórico y quintaesencial que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. En la era contemporánea, uno de ellos comenzaría con el plan de partición fijado por Naciones Unidas en 1947 para el establecimiento de dos estados, uno árabe y otro israelí, en convivencia, que con la perspectiva del tiempo cada día parece más inalcanzable.
Uno de los precedentes más inmediatos de la guerra que está ocurriendo actualmente tuvo lugar en 2006, el año de la llamada desconexión israelí de la Franja de Gaza, seguido de la posterior toma de poder al año siguiente protagonizada por el movimiento islamista palestino Hamás, autoridad indiscutible de un enclave bloqueado por las fuerzas israelíes.
Doce meses después comenzó el primer conflicto armado en la zona bajo esas nuevas condiciones; un enfrentamiento que conocería varias secuelas los años siguientes, pero ninguna ni remotamente parecida a la escalada actual, por número de víctimas, daños, desplazamientos forzados, y por la polarización extrema de las direcciones políticas tanto en el movimiento islamista como en el Gobierno israelí.
En la víspera del 7 de octubre, el sector ultranacionalista israelí, aliado imprescindible en el Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu tenía su mirada puesta en una operación para cimentar su control en Cisjordania, aprovechando la vulnerabilidad de una Autoridad Palestina debilitada, mientras Hamás ultimaba su ataque contra una frontera carente de los recursos militares necesarios, según reconoció a posteriori el Ejército israelí, para defender la incursión masiva que se avecinaba.
7 DE OCTUBRE
Aproximadamente a las 06.30 de la mañana del 7 de octubre, el brazo armado de Hamás, las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, acompañado de otros grupos armados y de civiles palestinos lanzó un ataque “coordinado y complejo”, según la evaluación posterior de Naciones Unidas y del Ejército israeli, contra las comunidades israelíes en la frontera con la Franja de Gaza, usando como cobertura el lanzamiento masivo de 2.200 cohetes contra Israel.
Más de 1.000 elementos armados palestinos de los mencionados grupos procedieron a perpetrar una matanza indiscriminada en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Beeri y festival de música Nova. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles (al menos 280 mujeres y 40 niños, según el informe posterior de la ONU) y 314 militares. Un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.
En torno a las 18.00, Israel declaró el estado de guerra por vez primera desde la guerra árabe-israelí de 1973: el principio de una operación militar sin precedentes contra la Franja de Gaza, con la movilizacion de 300.000 reservistas. Al mismo tiempo, en su frontera norte, las milicias del partido chií libanés Hezbolá terminaban de preparar su incorporación al conflicto.
En la mañana del 8 de octubre, las milicias de Hezbolá comenzaron sus ataques con cohetes contra las comunidades del norte de Israel, en el principio de la regionalización del conflicto y del endurecimiento de la estrategia del Ejército israelí que, enzarzado ya en tres frentes — después de que la insurgencia hutí de Yemen lanzara el 19 de octubre su primer ataque contra Israel desde el comienzo de la guerra — comenzaba el 27 de ese mes su invasión a gran escala de la Franja de Gaza.
UNA TREGUA FALLIDA
El alto el fuego de siete días declarado el 24 de noviembre, casi un mes después de la invasion israelí, es el único respiro que ha conocido la guerra hasta el momento. Durante esa semana, y gracias a un intenso proceso de mediación internacional, Israel liberó a 240 presos palestinos a cambio de 105 civiles secuestrados por Hamás, en lo que, durante los primeros días, parecía tratarse de un primer impulso con vistas a un alto el fuego duradero, expectativas que acabaron desmoronadas.
Israel denunció que Hamás no tenía intención de liberar a todas las mujeres y los niños, mientras que el movimiento islamista acusó al Ejército israelí de violar constantemente las reglas del cese de hostilidades y de paralizar la ayuda externa al bloqueado enclave con la intención de asfixiar a la población.
El fin de la tregua supuso el recrudecimiento de los bombardeos israelíes sobre el enclave, la aceleración de sus operaciones por tierra, y la certeza de que las consecuencias de la guerra se estaban escapando definitivamente de las manos de la comunidad internacional.
COLAPSO DEL DERECHO HUMANITARIO EN UNA GUERRA INTERNACIONAL
Los meses posteriores se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos de destrucción en Gaza y de incapacidad internacional para detenerla.
Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU, ordenaba el 26 de enero a Israel a “tomar todas las medidas posibles” para prevenir un genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevaba ya meses intentando promulgar sin éxito una resolución para el alto el fuego, en parte debido a los vetos de Estados Unidos, aliado de Israel, por considerar los términos de la misma un obstáculo a las negociaciones, si bien acabó absteniéndose en una votación el día 25 de marzo, facilitando la aprobación de un texto incumplido hasta el momento.
En Gaza, las consecuencias de los ataques israelíes marcan la cronología de acontecimientos, como el que costó la vida a siete empleados y colaboradores de la ONG World Central Kitchen el 1 abril, o el bombardeo del 8 de junio en Nuseirat; un ataque empleado para proteger a militares israelíes en una operación de rescate de rehenes que se saldó con más de 270 palestinos muertos, según el Gobierno de Hamás en Gaza.
Todo ello para sumar 42.000 palestinos fallecidos, más de 97.000 heridos y cientos de miles desplazados a la fuerza por los ataques. Además han muerto casi un millar de empleados del sector sanitario, 200 trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y más de un centenar de periodistas.
Israel, por contra, describe una realidad en la que Hamás emplea constantemente a los civiles como escudos humanos con la connivencia de las agencias humanitarias mientras denuncia la pasividad de la comunidad internacional ante la situación de los rehenes (seis de ellos hallados muertos el 1 de septiembre, aseguró Israel, con indicios de ejecución), y el constante peligro que atenaza a su población, rodeada de enemigos.
Una prueba de ello tuvo lugar el 14 de abril cuando Irán lanzó decenas de drones de ataque y misiles balísticos desde su territorio en respuesta a la muerte, dos semanas antes, de elementos de su Guardia Revolucionaria en Damasco (Siria), precedente de otro lanzamiento masivo de misiles iraníes el 1 de octubre; amenazas que suceden en medio de ataques palestinos a la población israelí, como el que dejó siete muertos en Tel Aviv precisamente ese mismo día.
Esta internacionalización del conflicto está estrechamente vinculada a las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. El líder político de Hamás, Ismail Haniye, murió el 31 de julio. El secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, falleció el 27 de septiembre. Cinco días después, el 1 de octubre, Israel invadió el sur de Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbolá, con un coste provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina.
