Lima, 6 oct (EFE).- El político peruano Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, que llevó al poder en 2021 a Pedro Castillo y a su sucesora, Dina Boluarte, cumplió este domingo un año prófugo de la Justicia, tras haber sido condenado a prisión por el delito de colusión.
Cerrón, un médico de 53 años con estudios en Cuba, ha estado en el centro de la polémica desde que pasó a la clandestinidad, en un caso que ha salpicado a altas autoridades, incluida Boluarte, quien militó en Perú Libre hasta 2022.
Esta agrupación llevó a la Presidencia a Castillo, y a Boluarte como su vicepresidenta, pero ella asumió en su reemplazo el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de golpe de Estado del entonces mandatario.
Este domingo, Cerrón publicó un mensaje en la red social X en el que saludó “al Partido Perú Libre y al pueblo, al cumplirse un año de resistencia, disciplina y lealtad, valores que garantizan la victoria camino al socialismo”.
Su bancada parlamentaria, que lidera su hermano Waldemar, también emitió un pronunciamiento en el que se refirió a la situación como “un año de resistencia ante la persecución política y judicial”.
Ante esta situación, el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, declaró este domingo que “cualquier prófugo de la Justicia se encuentra dentro de los procedimientos” de búsqueda y captura de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“El Gobierno, desde ningún punto de vista, permite que ningún prófugo de la justicia pueda establecer mecanismos de protección como se insinúa”, enfatizó, antes de recordar que se ha incrementado la recompensa por información que permita la captura de Cerrón a 500.000 soles (133.689 dólares o 121.951 euros).
Medios locales informaron este domingo que la PNP asegura que a lo largo de este año ha desplegado más de 50 operativos en Lima y otras localidades del país para intentar capturar a Cerrón.
El político fue considerado prófugo de la Justicia después de que no se presentara a cumplir la condena de tres años y medio de prisión que dictó en su contra un tribunal por la adjudicación irregular de la construcción de un aeropuerto cuando fue gobernador de la región central de Junín.
La exautoridad regional también tiene una orden de prisión preventiva por 24 meses debido a la investigación preparatoria por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de su partido.
Además, es investigado junto a su hermano Waldemar por la presunta comisión del delito de organización criminal a raíz de su supuesta participación en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, un grupo presuntamente formado por funcionarios de la región Junín para emitir licencias de conducir de manera irregular para reunir fondos para la campaña electoral de Perú Libre en 2021.
A fines de septiembre pasado, la Fiscalía abrió una investigación preliminar a la presidenta Boluarte por presunto encubrimiento en la fuga de Cerrón, luego de que una información periodística señalara el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como ‘el cofre’.
En respuesta, el abogado de la gobernante, Juan Carlos Portugal, consideró que existe “una farsa” en este caso y lamentó que el fiscal general, Juan Carlos Villena, haya decidido abrir la investigación.
Boluarte rechaza cualquier vinculación con este caso y ha acusado a la prensa de crear “historias de terror”, por informar sobre la presunta fuga de Cerrón en el vehículo de uso presidencial. EFE
