(Europa Press/Contacto/El Comerci/)
Este miércoles 9 de octubre, el Congreso de la República discutirá una iniciativa legislativa que podría reducir la protección de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con los pueblos indígenas.
El proyecto de ley N° 6290/2023-CR plantea que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo sean vinculantes para Perú en casos donde el país haya sido parte.
Actualmente, las decisiones de la Corte IDH se aplican en el territorio nacional incluso cuando el Estado no ha estado involucrado en los casos, gracias a la Ley 31307. Sin embargo, la nueva iniciativa, que ha sido impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), busca cambiar esta disposición.
¿Cuáles son los principales riesgos?
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, conversó con Infobae Perú y advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa, resaltando que la Corte IDH garantiza los mejores estándares de protección de los derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.
“Lo más protector y garante de los derechos de los pueblos indígenas está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana” afirmó, mencionando que la Corte reconoce, por ejemplo, el derecho a la restitución de tierras despojadas.
También, el abogado citó el artículo 8 del Título Preliminar de la Ley 31307, que resalta que las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.
En su opinión, esto es esencial para proteger los derechos de los pueblos indígenas, quienes, según la jurisprudencia, tienen derechos sobre sus tierras incluso en casos donde han sido desplazados.
“Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras tienen derecho a recuperarlas. Por ello, las leyes que se aprueban como estas, que son regresivas y violatorias, se tienen que contrarrestar para defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente a posibles cambios legislativos perjudiciales”, detalla.
Comunidades indígenas se pronuncian
Por su lado, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, expresaron su preocupación a este medio.
Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, resaltó que esta norma va en contra de los instrumentos y obligaciones internacionales que el Estado peruano está obligado a cumplir, afirmando que “es una norma más que el Congreso quiere implementar en contra de los derechos de los pueblos indígenas“.
En ese marco, sobre posibles acciones legales si el proyecto se aprueba, la abogada mencionó que podrían presentar una demanda de inconstitucionalidad, que es el mecanismo para contrarrestar leyes que violan derechos establecidos. “Esperamos que no se apruebe, porque hay muchos argumentos jurídicos que sustentan nuestra posición”.
Asimismo, a través de una carta enviada este lunes al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, la congresista Ruth Luque Ibarra, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, AIDESEP advirtió que ignorar estas sentencias podría dejar a los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad frente a la explotación ilegal de sus territorios, la violación de sus derechos ancestrales y la falta de acceso a la justicia.
Además, hicieron hincapié en que el proyecto de ley representa un retroceso en los derechos colectivos indígenas, debilitando la protección brindada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que podría aumentar la impunidad y los abusos.
